Entre 2004 y 2021 cayó la proporción de la inversión en educación con respecto al total del presupuesto provincial en más de la mitad de las jurisdicciones. Todas las jurisdicciones dedican más del 65% de su inversión educativa al pago de salarios.
Entre 2004 y 2021, 12 de las 24 jurisdicciones argentinas disminuyeron la participación de la educación en sus presupuestos. CABA (-8,8 puntos porcentuales) y Mendoza (-7,3 pp) fueron las que más redujeron el financiamiento educativo como porcentaje del total. En tanto que en el mismo período, Salta (+8,1 pp) y Neuquén (+6,6 pp) fueron las que más incrementaron su esfuerzo presupuestario, al aumentar la proporción de su presupuesto destinado a educación.
Los datos surgen del informe “Financiamiento educativo provincial”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Javier Curcio (UBA/IIEP), Martín Nistal y Víctor Volman (Observatorio de Argentinos por la Educación).
Teniendo en cuenta que las provincias son responsables del 75% del financiamiento educativo, el documento analiza cómo evolucionó el presupuesto educativo en las provincias, en qué invirtieron y qué esfuerzo presupuestario hicieron entre 2004 y 2021.
El informé destacó que «Todas las cifras se presentan actualizadas a valores constantes de marzo de 2023.»
Los que más y los que menos
El informe considera el total de la inversión educativa, sin importar qué ministerio ejecuta el presupuesto. De acuerdo con ese indicador, en 2021 las dos jurisdicciones que dedicaron mayor proporción de su presupuesto a la educación fueron Buenos Aires (30,8%) y Salta (28,8%).
Por otro lado, las que menos presupuesto asignaron con respecto a su presupuesto total fueron CABA (16,7%) y Santa Cruz (17,6%).
Garantizar el Derecho a la educación en Argentina
“La descentralización educativa dispuesta en el país requiere profundizar los análisis sobre las posibilidades de financiamiento a cargo de las provincias, que concentran una proporción importante de los recursos necesarios para dar cumplimiento al umbral establecido por la Ley de Educación Nacional. Identificar la situación de cada jurisdicción y las brechas existentes es crucial para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación de calidad en todo el territorio”, afirma Javier Curcio, coautor del informe.
Cómo se distribuye el presupuesto
Si bien todas las jurisdicciones dedican más del 65% de sus presupuestos educativos al pago de salarios, ese porcentaje alcanza niveles máximos en Chubut (91%) y Neuquén (86%). En el otro extremo, las que destinan menor proporción del presupuesto educativo a salarios son San Luis (66%), Formosa y CABA (69%).
Entre 2004 y 2021, la provincia que más aumentó la inversión en educación por alumno del sector estatal en el nivel inicial y primario es Salta (174,7%). Santa Cruz (-33,5%) es la jurisdicción donde más cayó este indicador.
En el nivel secundario, la provincia que más aumentó su inversión por alumno fue La Pampa (309,7%), mientras que este indicador solo se redujo en la provincia de Chubut (-4,0%) durante el período analizado.
«Cada vez que se habla de inversión educativa se suele mirar al Estado nacional, pero se soslaya que la responsabilidad es de las provincias. El estudio permite ver a todas y cada una de ellas. Además, muestra distintos períodos y signos políticos. Las caídas en distintas provincias obligan a pensar sobre el rol que tiene la educación en estas, más allá del color político de cada una. Por último, las oscilaciones (y retrocesos) muestran la dificultad de programar y sostener acciones educativas en contextos tan inestables”, reflexiona Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento educativo.
Ser federal
“El informe permite advertir algunos problemas comunes a las diferentes jurisdicciones, como la excesiva participación del componente salarial en los presupuestos educativos”, señala Juan Doberti, docente e investigador de la UBA.
Y agrega: “En un país federal, con un financiamiento compartido entre la Nación y las provincias, deben plantearse mecanismos para que los esfuerzos económicos de ambos niveles de gobierno sean complementarios y no sustitutos y, asimismo, los escasos recursos se empleen de un modo que combine la eficiencia con la equidad entre estratos sociales y regiones del país».
«El análisis del objeto de la inversión resulta significativa dado que la mayor erogación, por lejos, es el salario docente, seguido en la mayoría de las provincias por las transferencias al sector privado (subsidios a las escuelas de gestión privada). En tanto, es muy notoria la baja proporción destinada a la inversión en infraestructura (bienes de capital). Aquí la desigualdad se presenta en forma solapada, dado que se invierte más en subsidiar a las escuelas de gestión privada que en bienes de capital de las escuelas públicas, lo cual es posible que afecte la calidad de la prestación del servicio educativo por deficiencias edilicias o falta de equipamiento», explica Jorge Lo Cascio, economista y magíster en Educación.
Inversión por alumno
Comparar la inversión por alumno con el salario promedio mensual de la jurisdicción es una manera de tener en cuenta las diferencias en el costo de vida.
Según este indicador, en 2021 las provincias que más invirtieron en el nivel inicial y primario fueron Tierra del Fuego y La Rioja (la inversión por alumno equivale al 21,4% del salario promedio mensual). En el otro extremo se encuentran San Luis (6,7%) y Santa Cruz (9,2%).
Respecto al nivel secundario, La Rioja (30,9%) es la provincia donde por alumno estatal en 2021 representa una mayor proporción del salario promedio provincial, seguida de Tierra del Fuego (29,8%). Según este indicador, las jurisdicciones que menos invirtieron fueron Santa Cruz (10,9%) y Chubut (9,6%).
Nota editorial: Diario Luján ha reemplazado la palabra gasto por inversión, ya que considera que la educación es una inversión a futuro para la sociedad.
