La noticia se conoció ayer por la tarde, según nuevos elementos de la fiscalía. Habrían más imputaciones.
Este martes el juez Eduardo Puigdéngolas dictó el secreto de sumario en la causa y se esperan novedades con más imputaciones y detenciones. Hay inquietud en la Justicia Federal, a partir de la investigación del fiscal Dante Vega.
Hubo testigos que se presentaron espontáneamente y, sobre todo, imputados que se acogieron a la figura de «arrepentidos» y que pueden haber brindado mucha información a cambio de una mejora en su situación judicial.
Así las cosas, la Ley especifica que se mantendrá el secreto sobre lo investigado por un plazo, como máximo, de 10 días, prorrogables en caso de que la gravedad de lo que se indaga justifique una extensión excepcional. Hasta entonces, ninguna de las partes podrá ver el expediente, como ya ocurrió anteriormente, antes de las imputaciones.
La fiscalía imputó a 16 personas. Entre ellas, el juez federal con competencia electoral Walter Bento y su esposa Marta Boiza.
Así es como Javier Ortega contó que había pagado 722.000 dólares a cambio de modificar la carátula de su expediente. Y más tarde, los abogados Matías Aramayo y Martín Ríos -hoy libres tras declararse arrepentidos- aportaron más información sobre cómo puede haber funcionado el círculo de «transas».
A ello hay que añadirle lo recolectado en allanamientos y pericias telefónicas. En definitiva: hay un panorama nuevo, más complejo y detallado.
Caso de Javier Ortega
Javier Santos Ortega, un presunto contrabandista que fue detenido en los múltiples allanamientos realizados para desbaratar la banda liderada por el juez, declaró y confesó que pagó coimas, a través de sus abogados, para recuperar la libertad.
Fue tras una detención en mayo del 2019, donde Santos Ortega y un familiar suyo fueron detenidos acusados de contrabandear mercadería por más de 206 millones de pesos.
En esa ocasión, el Juzgado Federal 1 de Walter Bento ordenó allanamientos en distintas viviendas de Guaymallén, Maipú y Godoy Cruz, dejando como resultado el secuestro de calzados, indumentaria, balanzas, termos, camionetas, autos, motos, un montacargas, dispositivos móviles y elementos informáticos, entre otros tantos objetos.
Para los pesquisas, Santos Ortega era miembro de una organización que creaba empresas y sociedades «pantallas» para facilitar el ingreso al mercado formal de los fondos provenientes de esta actividad ilícita.
En la semana
Mañana jueves será la indagatoria de Boiza y el viernes la de Bento. El abogado Mariano Cúneo Libarona -defensor del magistrado- ya llegó a la provincia para ultimar in situ detalles de su estrategia.
El caso Bento
El 5 de mayo, Mendoza despertó con la sorpresa de que un grupo de sujetos, incluido el juez Bento, habían sido imputados por haber participado de un presunto circuito de coimas en el que se beneficiaba a narcotraficantes y contrabandistas.
La acusación que sostiene el fiscal Vega indica que en el fuero federal operaba un mecanismo mediante el que se otorgaban beneficios a cambio de pagos en dólares.
En la teoría de la acusación, la banda se contactaba con los sospechosos y les pedía dinero. La segunda etapa se iniciaba cuando ya había una causa abierta: narcos y contrabandistas eran imputados y detenidos; llegado cierto punto del proceso, entraban a la cancha los abogados de la asociación ilícita, que conseguían resultados muy «notables» en poco tiempo.
El secreto -interpreta la fiscalía- es que los imputados pagaban para que el juez les diera esas ventajas. Todavía no hay certezas sobre los montos, pero se cree que eran en divisas y muy altos.
En la causa también están implicados los hijos y la esposa de Walter Bento.
Fuente: MDZol y Sitio Andino
