El día 19 de noviembre se cumplió un año del destape de la realidad vivida en el Instituto Próvolo de Luján de Cuyo. Allí asistían niños y niñas sordos, que lejos de ser ayudados a insertarse en la sociedad, eran víctimas de una perversa red de abuso sexual.
A un año, los familiares, víctimas y la sociedad en general, se han organizado en diferentes Agrupaciones y han unido sus fuerzas en el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo, para fortalecer su derecho a la Verdad y la Justicia.
Diario Luján dialoga con Laura Chazarreta, referente de una de las Agrupaciones que conforman el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo.
¿Qué es el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo?
Es un Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo, conformado aproximadamente hace tres meses.
Las agrupaciones que conformamos este colectivo son Sobrevivientes y Familiares del Próvolo Mendoza, SOMEX, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Asociación de Padres Autoconvocados de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad, Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, APAPACHAR (Asociación de Promotores de Derechos de Niñez y Adolescencia), la Asociación Incluir (que realiza servicios de protección de derechos), Corriente Política y Social La Colectiva, la Agrupación Irrompibles y la Biblioteca Popular Inclusiva para Abrazo.
¿Por qué se conforma el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo?
Se conforma este Colectivo a partir de evidenciar el abandono desde el Estado en restitución de derechos.
Entendimos que la mejor manera de defender y proteger a las víctimas y sus familias, es la organización, la unidad entre las agrupaciones para no sólo contener, sino también visibilizar y enfrentar ante la Justicia y el Estado, las demandas de las víctimas.
El día 19 de noviembre se cumplió un año de que en Mendoza sale a la luz uno de los peores hechos de abuso de pedofilia a menores de parte de la Iglesia, en este caso, el Instituto Próvolo.
El Próvolo es un instituto de trayectoria en enseñanza a niños y niñas sordos en Mendoza, perteneciente a la Iglesia Católica. Hoy es conocido como el lugar de las peores aberraciones inhumanas de relaciones de poder y de abuso de pedofilia de parte de curas y de una monja hacia los niños y niñas que acudían al instituto. Lo real es que se corroboraron más de 45 hechos de abuso a más de 18 niños y niñas que asistían al instituto.
¿En qué consistió la concentración del día domingo?
El domingo se cumplió un año de la realidad del Próvolo, y queremos visibilizar y sensibilizar entre los diferentes sectores, en este caso a la Iglesia que protege a los curas y a la monja, y que claramente mostremos que hay una organización entre los espacios, que hay unidad, que hay claridad en el objetivo, que es Verdad y Justicia, que no debe haber ocultamiento de estas aberraciones que hay en la Iglesia que son históricas.
Cada 19 de noviembre consideramos que es importante apropiarse de lo público, apropiarse de la participación. Es una forma de invitar a la sociedad, que se trata de un problema que nos involucra a todos y todas ya que es un problema político y social.
Este es un caso extremo de mucha violencia, pero en realidad, esto sucede desde hace años y es ocultado por la Iglesia y muchas veces por el Estado. Es necesario estar todo el tiempo haciendo visible lo invisible, dar luz y sacar de la oscuridad esta situación en la que todos los días aparecen declaraciones y testimonios donde los chicos y chicas se van animando a hablar y contar lo que pasaba allí adentro.
¿Qué es lo que más complejo que se está abordando desde el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo?
Asusta la perversidad que hay, porque se había armado una forma de comunicación interna propia que impedía la expresión y comunicación de los niños y niñas hacia afuera, ya que utilizaban señas que todo el tiempo iban cambiando para ocultar lo que pasaba dentro.
Esto lleva a que el nivel educativo de los niños y niñas es sumamente bajo, cuando llevan años concurriendo al mismo o jóvenes que egresaron y que no aprendieron ni a leer y escribir, cuando su discapacidad le permitía desarrollar esa habilidad.
Se agrega además las relaciones de poder que se generan entre los diferentes sectores, en este caso la Iglesia protegiendo a los curas y a la monja que han contratado abogados muy honerosos para su protección.
La monja Kosaka Kumiko y el sacerdote Nicola Corradi tienen prisión domiciliaria, mientras que el resto están detenidos. Hay 15 personas imputadas.
Acá a habido complicidad desde la acción o desde la omisión. Nos preguntamos cómo todo este tiempo la DGE controlaba y auditaba lo que allí sucedía. Hay muchos sectores involucrados que desde la omisión y la indiferencia también son cómplices y culpables de que esto sucediese sistemáticamente hasta llegar a que una persona hablase para que saliera todo a la luz.
«Lo personal es político, pero lo político no es personal», dice Laura Chazarreta del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo.
Actualmente la Justicia se encuentra investigando y tomando declaraciones a través de Cámaras Gesel. Esto también resulta muy complejo porque hay muchos obstáculos y trabas por parte de los abogados defensores del cura y de la monja, que cuestionan a los y las intérpretes, que son quienes garantizan poder comunicar al Juez lo que expresan las víctimas.
¿Qué demandas concretas se plantean hoy desde el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo?
Desde el Colectivo se exige y reclama al Estado todo lo que tiene que ver con la atención integral de los y las sobrevivientes y su núcleo familiar, que no está garantizando hasta el día de hoy.
Esta atención tiene que ver con atender los derechos vulnerados atendiendo las necesidades económicas, educativas, sociales de cada una de las víctimas y sus familias para que puedan tener una inclusión social.
Hay que volver a garantizarles desde Desarrollo Social a todas las víctimas la inclusión en políticas sociales, que es el acceso a la AUH con discapacidad, pensión no contributiva, activación del Programa Incluir Salud que eso hoy no está.
También hay que garantizar el acceso de las víctimas a todas las instancias del proceso judicial con el traslado y movilidad.
Reclamos que la DGE cumpla la Ley 7393, que es la ley que tiene por objeto la supresión de las barreras comunicacionales existentes entre la comunidad de personas sordas y el resto de la sociedad, mediante el reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina, y del derecho que tienen los sordos a usarla como medio de expresión y comunicación válido, en el ámbito del territorio de la Provincia de Mendoza.
Es decir, que no se cumple la enseñanza de señas en la comunidad educativa, siendo un error gravísimo, porque atenta contra la forma de comunicación natural de las personas sordas, que es el lenguaje de señas.
La DGE tampoco ha cuidado el seguimiento pedagógico para que se garantice el derecho a la educación y la permanencia en la institución educativa, teniendo en cuenta que el nivel educativo que alcanzaban las víctimas era mínimo o nulo, casi sin lectoescritura.
Respecto a la Salud Mental, en relación al Ministerio de Salud, no hay una respuesta efectiva por parte de la atención de la Salud Mental en sus lugares de residencia, la atención integral con una red de profesionales que incluya intérpretes que vele por la restitución de derechos, también es una carencia en el caso.
Leyes en Mendoza
29 de Junio de 2005
LEY 7.393, Ley de supresión de barreras comunicacionales a través del uso de la lengua de señas argentina (LSA)-reconocimiento de la lengua de señas argentina.
5 de Noviembre de 2012
DECRETO 2.049/2012 Decreto Reglamentario de la Ley 7.393
19 de Agosto de 2014
LEY 8.713 Obligación de Reparticiones Estatales de Atención al Público en Capacitación Personal de Lenguaje de Señas LSA
