Carlos Lombardi, abogado de las víctimas que sufrieron abusos en el Instituto Antonio Próvolo, tiró una frase contundente. «Reabrir el Próvolo es como reabrir la ESMA», disparó, en referencia a la Escuela de Mecánica de la Armada, símbolo de torturas y vejaciones en la última dictadura militar que sufrió el país.
«Yo tengo las pruebas de las denuncias que en Italia se realizaron contra el cura Nicola Corradi, que luego fue enviado a Mendoza», agregó Lombardi contradiciendo la versión de la Iglesia católica. Es que Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata, había dicho que «es un poco un mito urbano que Corradi tenía antecedentes en Italia».
Un centro de tortura
Para Lombardi, reabrir el instituto sobre el que rige un oscuro antecedente de violaciones y agresiones sexuales y físicas de todo tipo contra chicas y chicos sordomudos es una aberración. «Reabrir el Próvolo es como reabrir la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada)», sentenció, en alusión al centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande que hubo en la Argentina durante la última dictadura cívico militar, de 1976 a 1983.
Por otra parte, Lombardi explicó por qué la Iglesia apunta a querer reabrir el instituto. Hay toda una serie de acciones que parten desde Verona, donde está la sede, que buscan demostrar que lo que quiere el Estado argentino es quedarse con los bienes del Próvolo, como la propiedad ubicada en Luján. Esto también como estrategia para encubrir las investigaciones. «Yo tengo las pruebas de las denuncias que en Italia se realizaron contra el cura Nicola Corradi, que luego fue enviado a Mendoza», sostuvo en contradicción con Bochatey.
El obispo platense también afirmó que en su jurisdicción no hay ninguna denuncia contra los sacerdotes del Próvolo. Sin embargo, Oscar Barrera, uno de los abogados querellantes del caso mendocino, aseguró: «Hemos aportado y vamos a aportar constantemente denuncias de Verona y La Plata. Son causas distintas pero hablan de una metodología. Nosotros tenemos un testimonio de una víctima de La Plata que está incorporado en esta causa. Nos da la pauta de la sistematicidad y de la equivalencia de que lo que pasaba acá también pasó en La Plata. Es el mismo proceder».
Barrera también arremetió contra la comisión investigadora enviada por las autoridades eclesiásticas. En primera instancia se pusieron a disposición de la Justicia y luego se ampararon en el silencio protector del Concordato, tratado internacional con categoría jurídica que rige las relaciones entre la Iglesia y el Estado argentino en este caso, pero sirve para los países que así lo ratifican.
«Los resultados de la investigación interna que ha hecho la Santa Sede por parte de quienes fueron designados fueron elevados en su momento a la Congregación para la Doctrina de la Fe y siguen su rumbo en la Justicia vaticana», expresó Barrera, explicando el porqué no fueron aportados a la causa penal.
