Los defensores de las monjas imputadas habían acusado de falsedad a intérpretes y profesionales del Cuerpo Médico Forense.
En noviembre del año pasado, los abogados de las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, del Instituto Antonio Próvolo, presentaron una denuncia en la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales.
En ella, acusaron a los profesionales del Cuerpo Médico Forense de “falsa pericia” y a los intérpretes de lengua de señasde “falsa interpretación” al momento de tomar declaración a los denunciantes.
Ayer se supo que la fiscal archivó esta presentación.
El abogado Carlos Varela Álvarez, uno de los defensores, lo dio a conocer en un video que difundió para plantear la inocencia de las religiosas en el caso que investiga abusos sexuales y corrupción de menores, que denunciaron los alumnos sordos e hipoacúsicos que asistieron a este instituto ubicado en Luján.
El letrado plantea que esta decisión de la fiscal, de archivar la denuncia, es una muestra más de que el Ministerio Público se resiste a convocar a otros intérpretes -habían solicitado la intervención de profesionales de Adajus (Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia). También de que “la sociedad se va a sentir más cómoda si condenan a estas personas sin escucharlas”.
En la denuncia, los psicólogos y psiquiatras del Cuerpo Médico Forense fueron acusados de haber tergiversado y falseado los informes. En tanto a los intérpretes de lengua de señas se los acusó de no hacer una interpretación literal y exacta, como también de falsear información.
Por otra parte, el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo emitió un comunicado por Facebook para manifestar su apoyo a la negativa de la DGE de reabrir el Instituto Próvolo. Esto, luego de que la Justicia le devolviera el establecimiento y el predio de seis hectáreas a la asociación Obra San José, dueña del inmueble, y de que el interventor de la orden religiosa, Alberto Bochetey, comentara que buscan volver a tener habilitación como escuela especial con una nueva comisión directiva. Sin embargo, desde la Dirección General de Escuelas detallaron que la suspensión del funcionamiento se mantendrá hasta que se determine o no la culpabilidad de los acusados. Y de ser encontrados culpables, se establecería la caducidad permanente de la habilitación. Además, resaltaron que es la asociación Obra San José la que está suspendida, más allá de quiénes la conduzcan
Los integrantes del colectivo también reclaman al Estado provincial que ofrezca en territorio espacios de aprendizaje de lengua de señas, que siga la situación educativa de los ex alumnos del Próvolo, que determine un protocolo de asistencia en las escuelas a estos niños y adolescentes, y que se incorpore a referentes sordos para la enseñanza de la lengua de señas en las escuelas para niños hipoacúsicos y sordos.
