La preocupación en el INTA está instalada ante el cambio de estructura que avanza sin certezas y pone en riesgo la presencia territorial de una Institución pionera en la investigación agrícola de la región.
El jueves 31 de julio, hubo una reunión virtual encabezada por el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, y el administrador general, Claudio Winograd, junto a directores nacionales.
Oportunamente, expusieron los principales lineamientos del proceso de reestructuración que atraviesa el organismo, según pudo acceder Diario Luján.
Lejos de ofrecer certezas, las medidas planteadas generaron preocupación, incertidumbre y un fuerte impacto sobre la histórica presencia territorial y agraria del INTA en todo el país.
Bronzovich confirmó que la nueva estructura organizacional aún no fue aprobada por los ministerios de Economía y Desregulación.
Sin embargo avanzan con medidas orientadas a una lógica de eficiencia administrativa, sin un análisis profundo del rol estratégico del INTA en los territorios rurales.
Cuestionamientos
Entre los anuncios más cuestionados encuentran el cierre de 41 Agencias de Extensión Rural (AERs) y de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA.
Hubo una promesa de reubicación del personal en lugares “de mayor impacto”, aunque sin garantías claras ni participación real de las regiones afectadas.
Además, plantea una reducción drástica de recursos administrativos: presentismo obligatorio, eliminación de alquileres, prohibición de teléfonos institucionales, y un fuerte ajuste presupuestario.
También solicitan a las unidades operativas un relevamiento detallado de tierras, convenios, comodatos, y contratos, mientras avanzan en una supuesta simplificación de estructuras con menos cargos gerenciales y menos recursos en gestión.
«Modernización»
La llamada “modernización” es sostenida sobre una centralización extrema de decisiones, dejando de lado la experiencia y el conocimiento territorial acumulado por las Estaciones Experimentales y los Consejos Regionales.
Incluso, avanzará con un Consejo Técnico Nacional que definirá la cartera programática, con participación limitada desde las regiones.
Mientras tanto, la incertidumbre crece y pierde capacidad técnica en el territorio.
Por su parte, Claudio Winograd anunció que el plan de compras será centralizado, eliminarán las prórrogas de contrataciones, y canalizarán anticipos y viáticos por fondos rotatorios.
También habilitará un proceso de retiro voluntario entre el 10 y el 15 de agosto, con foco en áreas consideradas “no prioritarias”.
Claramente, implica un recorte encubierto de personal técnico clave para la extensión y la investigación aplicada.
El sistema de becas está interrumpido, no hay ingresos a planta, y los recursos para gastos operativos son limitados.
Por otra parte, priorizarán servicios básicos y algunos gastos podrían quedar a cargo de las Cooperadoras; quienes son las que sostienen y apoyan económicamente al INTA en el territorio.
Lo mismo pasa con Fundación AgenINTA.
Ese ámbito no solamente gestiona fondos del INTA, si no que en nuestra provincia supo gestionar la contratación para la extinguida lucha antigranizo de nuestra provincia.
Las tierras sin uso podrían ser vendidas, mientras exigen a las EEAs que informen qué predios requieren obras para seguir en producción.
Desde la presidencia hay insistencia en que «no habrá cierres inconsultos».
Sin embargo, en los hechos, las decisiones ya están siendo tomando sin el debate necesario con las bases territoriales.
Lo más preocupante es que el proceso afecta gravemente la histórica función pública del INTA como brazo técnico del Estado en el desarrollo productivo federal.
En Mendoza y San Juan
Al cierre de esta edición, no ofrecieron novedades respecto a la situación de la provincia de Mendoza.
Según trascendió, peligra seriamente la continuidad operativa del Centro Regional Mendoza – San Juan.
Esta es una de las regiones clave para la vitivinicultura, la producción de frutales, horticultura bajo riego y tecnologías de adaptación al cambio climático.
