La provincia de Mendoza oficializó este lunes una nueva ley que establece sanciones para los funcionarios que omitan responder en tiempo y forma a los reclamos ciudadanos.
La norma fue publicada en el Boletín Oficial bajo el número 32.414, tras haber sido aprobada en junio con el respaldo unánime de todos los bloques legislativos.
La reforma incorpora el artículo 38 bis al Código Procesal Administrativo.
Por lo que busca terminar con la práctica de la “denegación tácita”, es decir, el silencio del Estado frente a un pedido formal.
Ahora, cuando la Suprema Corte de Justicia admita una acción por falta de respuesta, deberá individualizar al funcionario responsable y aplicar las sanciones previstas en la Ley 9003.
El proyecto, impulsado por el senador Armando Magistretti, busca reforzar la transparencia y la responsabilidad del Estado, evitando que la burocracia y la omisión vulneren los derechos de la ciudadanía.
