Mientras que organismos como el ISCAMEN o SENASA desmienten la utilización de productos tóxicos; el Centro de Ingenieros Agrónomos –entre otros- rechaza el procedimiento; habiendo un recurso de amparo presentado por “Oikos Red Ambiental” y cinco amparistas. El HCD en Guaymallén vetó el proyecto de prohibición presentado por la oposición. La misma situación se dió en Luján.
Martín Betancud, ingeniero agrónomo y parte demandante en el amparo judicial afirma: “Se está poniendo en grave riesgo la salud de los mendocinos para tratar la polilla de la vid. El ecocidio ha comenzado en la provincia. No ha habido informes de impacto ambiental; se está permitiendo la pulverización sobre las casas de los trabajadores del sector rural”.
El ingeniero denuncia “al gobierno provincial y organismos cómplices (ISCAMEN, SENASA y varios más)” que según aseveró están “imponiendo desde el ocultamiento una medida inconsulta, ilegal (no cumple con las leyes ambientales), con un discurso que pretende estigmatizar y desacreditar a los que nos oponemos”.
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Por otro lado, Alejandro Molero, titular del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN), desmintió que el producto tenga impacto negativo tanto en lo que comprende el medio ambiente como la salud. “Cada uno de los métodos que nosotros aplicamos son amigables con el ambiente”, aseguró el funcionario.
Sin embargo, la “Asamblea por la Soberanía Alimentaria”, a través de un comunicado, certifica que “los productos utilizados no son inocuos como las autoridades del Gobierno e ISCAMEN aseguran, son agrotóxicos de consecuencias dudosas”.
Agregan que “no se ha hecho la evaluación de impacto ambiental, por lo que se ha violado la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley provincial 5961. Tampoco cuentan con resolución ni decreto que autorice las prácticas al momento de su inicio”.
“No es algo nuevo. En Argentina hace muchos años que están fumigando en la Pampa húmeda, sobre todo en cultivos de soja y maíz transgénicos, y contra ello hay mucha más producción académica, periodística y jurídica que sobre esta situación”, comparte Marcelo Giraud, geógrafo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua.
Por su parte, el ISCAMEN se defendió de las críticas que viene cosechando esta práctica por intermedio de una carta. En la misma, se ampara en la emergencia sanitaria para el control de la plaga, pero no se hace mención de los estudios de impacto ambiental que faltan.
Consideraron que es la tarea de técnicos científicos analizar la aplicación de un producto llamado Coragen, que ha tenido algunas objeciones. “Será el comité científico quien determinará si se va a aplicar en forma aérea o si se le a entregará en mano a cada productor”, indicaron desde el ISCAMEN.
Por último, desde la Asamblea por la Soberanía Alimentaria destacaron respecto al producto que “en Chile es considerado potencialmente peligroso para el medio ambiente, muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos, la forma aérea de aplicación convierte su toxicidad de Banda Verde a Banda Azul, más tóxica aún”.
Mientras se discute su aplicación, la plaga que afecta los viñedos sigue causando estragos en la producción; a la vez que muchos agricultores han planteado su disconformidad junto a organismos ecologistas. Es necesario hallar en forma rápida una solución que combata esta plaga sin afectar la salud ni el medio ambiente, tal vez integrando el aporte de todos los sectores.
Fuente: DiarioG24
