La Cámara Nacional Electoral investiga casos de aportes «truchos» para las campañas presidencial de 2015 y la legislativa de 2017, en la que están involucrados tres partidos políticos.
Al respecto, se supo que han sido detectados unos 7.000 casos entre Cambiemos, el Frente Renovador y Frente para la Victoria.
Al ser consultado el presidente Mauricio Macri por las denuncias por presuntos aportantes “truchos” a la campaña de Cambiemos en 2017, aseguró: «Seguiremos aportando datos a la Justicia y haremos una auditoria. Además, hemos propuesto una ley de financiamiento de la política para que se bancaricen los aportes”.
En el caso del oficialismo, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, eyectó de su cargo a la recién nombrada contadora general de la provincia, Fernanda Inza, debido a las denuncias por supuestos donantes falsos durante la última campaña legislativa. La mandataria provincial prometió «cortar el hilo caiga quien caiga».
Sobre un muestreo de los primeros 1200 relevados por este medio, 1128 se encuentran afiliados al PRO, según el padrón oficial que entregó la fuerza a la Cámara Nacional Electoral. Pero eso no es todo, otro de los datos llamativos que encontró El Destape no es solo la gran cantidad de efectivo que se recaudó ($76.373.000) ni la de aportantes sino también la enorme cantidad de aportes que hicieron: según informó Cambiemos, 4.511 personas realizaron 12.066, más de 3 aportes cada uno, un dato más que llamativo.
Sobre un muestreo de los primeros 1200 relevados por este medio, 1128 se encuentran afiliados al PRO, según el padrón oficial que entregó la fuerza a la Cámara Nacional Electoral. Pero eso no es todo, otro de los datos llamativos que encontró El Destape no es solo la gran cantidad de efectivo que se recaudó ($76.373.000) ni la de aportantes sino también la enorme cantidad de aportes que hicieron: según informó Cambiemos, 4.511 personas realizaron 12.066, más de 3 aportes cada uno, un dato más que llamativo.
De confirmarse esto, las consecuencias para la gobernadora de la Provincia podrían ser las peores: como presidenta del PRO, enfrentaría una condena que podría dejarla inhibida de participar para ocupar o ejercer cargos públicos por entre 6 meses y 10 años, tal como establece la propia ley de Financiamiento Electoral. Y la misma suerte correría su Contadora General y Tesorera del PRO, María Fernanda Inza.
El propio PRO podría perder el sello y la personería en Buenos Aires, dado que tiene un altísimo porcentaje de afiliados falsos, a los que no solo les debió falsificar la firma y los datos para empadronarlos, sino que también los hizo participar de la campaña financiera, anotándoles generosas contribuciones a personas humildes que viven en villas y barrios humildes del conurbano bonaerense.
Pero la presencia de los aportes cuestionados por su falta de legalidad alcanzó también a las otras dos fuerzas políticas que alcanzaron en los últimos comicios mayor caudal de votos: el Frente para la Victoria y el Frente Renovador.
Hasta ahora, se detectó inconsistencias en 212 aportantes a la campaña de Daniel Scioli, mientras que en el caso del massismo, casi la mitad de la lista que entregó a la Justicia con aportantes de pequeños fondos eran, casualmente, empleados públicos del municipio de Tigre.
Después de todo lo conocido y a la espera de una decisión de la Justicia, habrá que ver si las fuerzas políticas logran transparentar los aportes privados que recibirán con vistas a las elecciones presidenciales de 2019.
Fuente: El Ciudadano y El Destape
