Actualmente en Mendoza hay cuatro organismos con distintos roles, Irrigación, Aysam o Aguas Mendocinas, el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) y el Departamento de Hidráulica.
El diputado Jorge Difonso presentó un proyecto al Superintendente General de Irrigación Sergio Marinelli, para unificar la «Autoridad del Agua» en Mendoza, a fin de centralizar la coordinación y administración del recurso hídrico.
Mendoza posee cuatro organismos con distintos roles, Irrigación administra el agua de los ríos de Mendoza, Aysam o Aguas Mendocinas, es la empresa prestadora del servicio; el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) como organismo de control y el Departamento de Hidráulica evalúa proyectos hidráulicos vinculados al riesgo aluvional.
«Es un monstruo de 4 cabezas con los cuatro organismos estatales que tenemos actualmente que intentan coordinar y gestionar el agua en Mendoza«, definió el Difonso, diputado de Unión Popular, dentro de Cambia Mendoza.
«La propuesta es unificar las políticas del agua en Mendoza. Actualmente hay cuatro organismos con administraciones y criterios propios, sin embargo el recurso es uno solo, el agua. Estamos en una sequía pronunciada, admitida por todos. Hoy necesitamos una estrategia unívoca y homogénea que se responsabilice ante los usuarios», sostiene el diputado.
«Buscamos pasar de 4 entidades a solo una, que además se haga responsable ante los vecinos y los municipios. Muchas veces termina pasando que los usuarios son derivados a cada uno de los distintos organismos para intentar resolver su situación, y en el camino, se diluye la respuesta y la responsabilidad en esas transferencias»
Jorge Difonso
La propuesta de unificar en un único ente, pretende reducir costos sobre las decisiones en temáticas coincidentes y tiempos burocráticos que faciliten llegar a las obras de inversión.
Respecto a la responsabilidad, la propuesta busca unificar bajo un criterio, donde no haya oposición de intereses, ni que se diluyan las responsabilidades entre los organismos.
Difonso expresó que hasta el momento, las reuniones mantenidas con Sergio Marinelli han sido positivas en un 70%, destacando que hay matices en algunos artículos.
«En concreto, es Irrigación el que lleva el agua a AySAM, en tanto que el EPAS es un ente con un rol devaluado porque su tarea de contralor gestada en los ’90, se desvirtúa ante AySAM como una empresa del estado. El Estado tiene que ser reformado para mejorar el servicio e Irrigación es el organismo clave en gestión del agua y porque tiene respaldo constitucional», sintetizó el diputado.
En éste caso se puede realizar una modificación por ley para unificar la gestión del agua que potenciaría el rol de Irrigación, por lo que no es necesario cambiar la Sección VI de la Constitución Provincial.
El proyecto además contempla una visión territorial amplia, con enfoque en el Ordenamiento Territorial. También agrega la participación ciudadana, teniendo en cuenta las situaciones actuales de manejo de falta de inversión en toda la provincia.
«Creo que tener un organismo más ágil, más chico y con más responsabilidad, le viene bien a Mendoza en ésta etapa y lo que se viene para futuro», concluyó Jorge Difonso.
Ley 7722, la Ley Guardiana del Agua
Respecto a la Ley 7722, Jorge Difonso expresó que toda ley provincial es de alcance para la totalidad del territorio mendocino, por lo que las jurisdicciones deben aplicarla.
La ley 7722 regula la minería metalífera ante el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, siendo casos más cercanos los derrames ocurridos en Jachal, San Juan, provincia que no posee una ley similar.
Difonso se refirió sobre lo ocurrido con el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien propuso no aplicar la ley 7722 en el departamento, por lo que el diputado destacó que hay que considerar la cuenca hídrica, y evaluar los daños ambientales más allá de los límites políticos, y remarcó que los proyectos actuales de Potasio Río Colorado e Hierro Indio, no avanzan por temas de gestión y no por la presencia de la ley 7722.
La discusión por la minería en Mendoza causó revuelo cuando el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, mantuvo una reunión privada con el gobernador Rodolfo Suarez en la que le adelantó que iba a presentar en la Legislatura el proyecto de zonificación minera para ese departamento durante la semana pasada.
Este martes ingresó el proyecto al ámbito legislativo, ya que Juan Manuel Ojeda presentó en la Cámara alta el texto que busca hacer minería por fuera de la Ley 7722.
La iniciativa propone realizar la actividad en 200 hectáreas del departamento de Malargüe, donde se puedan aplicar sustancias como cianuro y ácido sulfúrico, actualmente prohibidos por la normativa, pero necesarios para distintos tipos de extracción, según explicó Ojeda.
Una vez formalizada la presentación, tal como se lo adelantó en persona al intendente Ojeda, el gobernador Rodolfo Suarez se despegó de esta iniciativa y avisó que desde el Ejecutivo provincial respaldarán la vigencia de la 7722.
