En los últimos dos meses se denunciaron otros tres casos que salpican a la institución, aunque los hechos habrían ocurrido hace tiempo.
Detenidos. Los curas Corradi y Corbacho, dos de los acusados de las perversiones en el Próvolo.
En los últimos dos meses tres nuevos escándalos involucraron a sacerdotes y religiosos de la Iglesia católica en casos de abusos sexuales, relaciones indebidas y hasta torturas.
Los abusos sexuales por los que fueron imputados dos monjes del Cristo Orante, la denuncia contra miembros de la orden del Verbo Encarnado por maltratos y abusos y la relación clandestina de un cura en San Rafael, acusado de haber dejado morir a una mujer que era su pareja, se sumaron a otros dos casos resonantes en Mendoza: el del Próvolo y el del celador del colegio católico Murialdo.
En ninguno de los casos mencionados, que golpean los cimientos de la institución dirigida por el Papa Francisco, los acusados han sido condenados. Pero la mayoría de ellos están imputados y son juzgados por la Justicia Penal y no por la normas del Derecho Canónico, que sanciona las indisciplinas puertas adentro de los templos.
Para el abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, Carlos Lombardi, lo que lleva a los religiosos a cometer estos actos es una sensación de impunidad por la “protección que reciben de la Iglesia”.
“Los casos recientes vienen a sumarse a una larga cadena de hechos que se producen puertas adentro de la institución y que están ocultos. De hecho, la Iglesia se jacta de mantener eso de modo oculto”, disparó el letrado en diálogo con Los Andes.
Y agregó: “Se amparan en su normativa jurídica interna. La actitud de la Iglesia con los nuevos casos no nos ha extrañado, es lo que hace en todas partes del mundo, además de silenciar a las víctimas. Es un sistema de encubrimiento que protege a los abusadores en desmedro de las víctimas. Como se sienten protegidos institucionalmente, continúa la cadena de abusos”.
En el mismo sentido opina Cristian Bassin, ex sacerdote y quien fuera ministro de Desarrollo Social de la provincia durante el gobierno de Francisco Pérez. “La Iglesia es una corporación que por tiempos milenarios sostuvo estrategias de ocultar, tapar, silenciar. Ocurrió no solamente en los aberrantes casos de abusos sexuales sino también con el poder, porque la Iglesia ha estado muy unida al Estado”, remarcó Bassin luego de aclarar: “Recibí la dispensa de Francisco de mis servicios”, por lo que desde hace algunos años ya no es sacerdote.
El ex funcionario apuntó: “Un religioso no deja de ser un ciudadano y todo ciudadano, según la Constitución Nacional, debe ser juzgado por la Justicia. Ningún religioso o vocero puede aducir que el Código de Derecho Canónico lo ampara. Debería amparar y vigilar a la víctima que recibió algún vejamen”.
“No es la estrategia callar, ocultar o trasladar de lugar a un religioso sino denunciar. Ese fue uno de los motivos por los que decidí retirarme de la corporación”, remató Bassin.
Los últimos tres casos que golpearon nuevamente a la institución católica salieron a la luz en diciembre de 2018 y enero de 2019. Pero incluso desde el Arzobispado han admitido que, al menos en el caso de las denuncias contra los monjes del monasterio Cristo Orante en Tupungato, “sabían de los hechos hacía un par de meses”, como aporta el abogado Carlos Lombardi.
Amorío prohibido y muerte
De los hechos denunciados, quizás el que menos perjudica a la Iglesia es por el que es investigado el cura Carlos Scarlata. La figura legal por la que se lo acusa es la de “omisión de auxilio”.
Scarlata admitió ante la Justicia que mantenía una relación amorosa con Valeria Cornejo (36), una docente que fue hallada sin vida el 31 de octubre del año pasado en su casa de Cuadro Nacional, en San Rafael. La autopsia reveló que su deceso se debió a un cuadro de hipoglucemia.
De acuerdo a las investigaciones, el presbítero solventaba los gastos de alquiler de la vivienda de su amante pero no habría alertado del caso para ocultar su relación con la mujer. Una amiga de la víctima denunció que el cura le había contado que días antes había presenciado una descompensación de Cornejo pero se había retirado de la casa sin prestarle auxilio. De comprobarse esta situación, el religioso arriesga una pena de 5 a 15 años de prisión.
La amiga de Cornejo denunció el hecho los primeros días de 2019 y el pasado 15 de enero la Diócesis de San Rafael resolvió suspender al cura aunque aseguró que tomó conocimiento de los hechos por lo publicado por la prensa y que “se trata de una responsabilidad personal” del cura.
De las páginas de turismo a las de los expedientes
Diciembre cerró los escándalos de la Iglesia en la provincia en 2018 pero la investigación judicial recién comienza en el caso de dos monjes del Cristo Orante, un monasterio enclavado en un paradisíaco lugar de Tupungato que fue cerrado días después de conocido el hecho.
Diego Roque y Oscar Portillo siguen detenidos luego de haber sido imputados por abuso sexual agravado por acceso carnal, tentativa de abuso sexual agravado por acceso carnal, abuso sexual simple agravado por ser figura de autoridad, corrupción de menores y de mayores.
Los presuntos abusos habrían empezado en Ciudad en 2009 cuando la víctima tenía 17 años. Cuando el joven entró al monasterio, los abusos habrían continuado hasta 2015.
La causa está semiparalizada ya que el denunciante no ha ampliado su declaración, algo que se espera que ocurra en los próximos días, cuando sus abogados regresen de sus vacaciones.
Torturas y abusos en el Sur
El más reciente de los casos también fue conocido los primeros días de enero. Esta semana se realizó un allanamiento en el hogar San Martín de Tous, ubicado en la calle El Chañaral de San Rafael, que pertenece a la congregación religiosa del Verbo Encarnado luego de la denuncia de un joven discapacitado de Lavalle, quien aseguró que en 2008 sufrió abusos sexuales y maltratos allí.
El denunciante llegó a contar que era golpeado “con una remera mojada y hasta con un palo de piso”. Estudios revelaron que el relato es verosímil. En el allanamiento se secuestró documentación y se constató que las personas denunciadas se desempañaban allí durante el año en que se denunciaron los vejámenes.
Próvolo y Murialdo: educación y abusos sexuales
Las aberraciones que habrían ocurrido puertas adentro del Instituto Próvolo, en Luján, salieron a la luz en noviembre de 2016. Sólo entonces se pudo conocer el calvario que vivieron más de 20 jóvenes sordos que estudiaban y dormían en el instituto religioso.
A dos años del caso, seis de los 14 acusados (uno de ellos ya condenado a 10 años de prisión ) seguirán detenidos hasta el juicio. Se trata de los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho; el ex monaguillo Jorge Bordón (condenado), el ex jardinero Armando Gómez (sordo), la monja Kumiko Kosaka y la ex representante legal, Graciela Pascual.
Si bien en el caso Murialdo el acusado no es un religioso, afecta a la Iglesia ya que se trata de un colegio católico.
El pasado 10 de enero el juez penal Sebastián Sarmiento confirmó la prisión preventiva del único imputado, un celador del colegio ubicado en Guaymallén acusado de abusar sexualmente de una niña de 4 años en agosto del año pasado.
La mamá de la alumna del Instituto Leonardo Murialdo fue a cambiarla y descubrió que le faltaba la ropa interior a su hija. “Alguien me tocó”, dijo la niña y describió al sospechoso.
El 7 de agosto la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Cecilia Bignert ordenó la detención de un empleado de mantenimiento y lo imputó por abuso sexual agravado por acceso carnal y por la calidad de guardador.
Las cámaras de seguridad y el relato de la pequeña serían los elementos que tuvo en cuenta Bignert. También existe una pericia médica realizada por especialistas del hospital Humberto Notti, donde se señala que la niña tendría lesiones físicas tal vez producidas por un dedo del presunto agresor.
Sin contacto con el Arzobispado
En los últimos días, Los Andes trató de comunicarse con el vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedictis, para conocer su postura sobre los hechos mencionados en esta nota. Pero, pese a reiterados intentos, no fue posible establecer contacto.
Sobre el caso Próvolo, el presbítero aseguró en 2016 que el hecho provocaba «un enorme dolor, mucha tristeza e indignación». Cuando el caso recién se conocía De Benedictis aseguró que, de haber tenido conocimiento de los hechos, «hubiéramos hecho la denuncia nosotros».
Fuente: Diario Los Andes
