Ayer, estuvieron presentes las vecinas del Barrio Valle Encantado en Radio Cuyum en entrevista con Roberto Pino y Juan Pablo Gallar, exponiendo la situación ante el desalojo ordenado por la Jueza Landaburu en el 14° Juzgado Civil, bajo el expediente 131.041.
Las vecinas, en representación de varias familias del Barrio Valle Encantado expusieron su situación ante la resolución del Juzgado. Aunque se han mostrado siempre dispuestos a solucionar el conflicto, consideran que la justicia dio una respuesta diferente a los diálogos que se mantenían.
Las familias llegaron a la zona hace más de 30 años, en el caso de Florencia, sus padres llegaron desde Chile.
Los vecinos se han organizado para incluir mejoras en el barrio y han mantenido reuniones con el Intendente en 2016 dialogando sobre una posible urbanización del mismo.
A fines de 2017, la Jueza Landaburu emitió una resolución por la que se ordenan los plazos para el desalojo. Los vecinos por su parte, indican que hay una contradicción porque los diálogos que mantenían, indicaban que no habría desalojo.
Hoy se presentan en Tribunales y a las 10 tienen previsto presentarse en la Legislatura para reclamar por el desalojo.
Tuvimos las audiencias en el Juicio, nos dijeron que nosotros no estamos para pagar el valor de esas tierras porque son muy altas y que ellos tienen otras perspectivas de un negocio inmobiliario, dice una de las vecinas.
Ellos tienen una finalidad de lucro. Han comprado la tierra con nosotros adentro a precio de remate, dicen Yeny y Florencia. $1414 fue el costo por el que se pagó el terreno, cuando habían 30 familias, hoy son 300 familias. En un primer momento nos amenazaron, pero no tenían papeles para demostrar la titularidad del terreno. Aunque mucha gente se fue por miedo, ya que eran amenazados y obligados a firmar para irse, otros nos quedamos y el propietario nunca nos mostró documentación que acreditara la propiedad de las tierras. Hasta que se presentó el Juicio en 2012.
Presentamos información para que la Jueza evaluara cuántos éramos y cómo estábamos distribuidos. Pero esta información se usó para organizarnos según las familias que tenían menores a cargo a fin de iniciar primero el desalojo.
Para el jueves 15 estamos invitados al retiro voluntario para familias con menores de 18 años. El segundo plazo es el 01 de marzo, para las familias que no tienen niños, personas con discapacidad y adultos mayores de 60 años. Mientras que el 26 de marzo es el desalojo definitivo.
La Jueza también emplaza al Estado a presentar soluciones, pero los vecinos afirman que si bien el IPV y el Municipio fueron invitados a las audiencias, sólo se realizaron tres de las seis audiencias convenidas. La segunda audiencia se realizó en junio de 2017, donde el IPV pidió 180 días para presentar un plan, pero eso no pasó, dice una de las vecinas.
En diciembre la Jueza firmó el desalojo. El hecho nos sorprende, porque ella nos dijo que mientras que el Municipio, la Provincia y el IPV no presentaran proyectos para solucionar la problemática habitacional de todos los que vivimos dentro del barrio, ella no firmaría nada. Se contradijo.
El abogado del Municipio argumentó que el estado municipal no se hará cargo porque se trata de un problema entre particulares, entre el dueño de la tierra y los vecinos.
El Intendente Omar De Marchi visitó el barrio en agosto de 2016. Las vecinas dicen que en ese momento ofreció estudiar una alternativa, pero que iba a tratar de dejar las casas mejor consolidadas, mientras que las más carenciadas podrían ser reubicadas, para lograr un reordenamiento dentro del barrio, con el objeto de facilitar el ingreso de servicios en caso de emergencias o contingencias por las calles estrechas. Agregando alumbrado público y acequias acompañarían las mejoras para el barrio. Las vecinas recuerdan que se presentó con agrimensores y arquitectos del IPV que prometieron estudiar el caso para darles solución.
Con algo de humor, las vecinas dicen que el Intendente dijo que volvía en octubre, pero que no aclaró de qué año, y todavía lo esperamos, y eso que lo buscamos también en su oficina.
Es muy injusto que te digan andate y que te tiren la casa luego del esfuerzo que uno hizo de poner ladrillo tras ladrillo, dice Yonava con tristeza. Estamos acá resistiendo, pidiendo solución. Pedimos una justicia que no hay. Hoy no hay justicia, es un atropello contra una comunidad. Nosotros siempre buscamos solución y buscamos pagar al dueño. Tenemos nuestro plano de agrimensura para que en los edictos aparezca el dueño. Buscamos solución también en la Comisión de Tierra, pidiendo la regularización del dominio. Aunque no hubo respuesta.
Fernando Ojeda nos dió a conocer pidiendo que la zona se declare de utilidad pública. Nunca quisimos vivir de arriba, siempre pedimos pagar el lugar. Pedimos a las autoridades que nos acompañen en esta decisión tan injusta, dice con tristeza Yovana.
Yenny Salvador, dice que llegó hace 15 años y ayudó a limpiar el terreno. Hoy le queda encomendarse a la Justicia Divina, porque para ella, la justicia terrenal está comprada, dice con impotencia.
Florencia Lagos (30), cuenta que sus padres llegaron de Chile hace 35 años aproximamente, mi hermana es discapacitada. Mis padres consiguen empezar a edificar. En los 90 matan a mi papá y mi mamá se quedó porque no teníamos a donde ir, ella quedó viuda y eramos cuatro niñas en esa época. Yo ví crecer la zona, era un predio gigante de yuyos. El Barrio privado Farrell no estaba. Hemos visto crecer ya dos generaciones.
Tenemos los medidores, dice Yovana, hay medidores particulares y comunitarios. Hoy el barrrio está iluminado, está hermoso, entonces para nosotros es una injusticia lo que está pasando con la orden de desalojo. Se están violando derechos y no nos están escuchando.
Los medidores comunitarios fueron aprobados por el Municipio de Luján de Cuyo. Hace 30 años, el gobierno dió una amnistía y se colocaron medidores particulares, dice Florencia.
Es injusto, porque hace 30 años que vivo acá, hice mi casa con esfuerzo y sacrificio. Tengo todo acá invertido con mi trabajo, dice Yovana.
