Religiosos y civiles irán a juicio por abusos en el Próvolo, mientras en el Vaticano cae un cura por pornografía.
Gendarmería, la fiscalía y los abogados querellantes en el predio del Próvolo. Foto: Nicolás Bordón / Diario UNO.
La reciente detención de un sacerdote en el Vaticano por consumir pornografía infantil permite concluir que el mensaje del mismísimo papa Francisco cae en saco roto incluso en sus propios dominios y entre su propia tropa.
Por otra parte, el Papa Francisco, en febrero había nombrado a nueve comisarios para que se incorporen a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores (CPPM), algunos de ellos víctimas de abusos por parte de religiosos, dijo la Santa Sede.
La comisión, que se encarga de prevenir los casos de pederastia entre los religiosos, está presidida por el cardenal Sean O’Malley y quedó formada por dieciséis miembros, ocho hombres y ocho mujeres.
La Santa Sede explicó en un comunicado que «hay víctimas/supervivientes del abuso sexual clerical entre los miembros anunciados», pero añadió que no daba más detalles por respeto a su privacidad.
«La CPPM apoya el derecho de toda persona que haya sufrido abusos a revelar o no revelar públicamente sus experiencias. Los miembros nombrados han decidido no hacerlo públicamente, sino sólo dentro de la comisión. La CPPM cree firmemente que su privacidad es un valor que debe respetarse», expuso.
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