Especialistas señalan que es necesario actualizar la ley nacional, que data de 1954. Sin embargo, las normas no prosperan.
Una iniciativa propone hacer entre 100 y 80 castraciones diarias de perros y gatos callejeros.
La importancia de los animales domésticos, sobre todo, en la vida de las personas ha ido evolucionando con el paso de los años. Es un sentimiento generalizado, avalado por la ley Sarmiento de 1954, que son seres sintientes y que como tales deben ser protegidos.
Sin embargo, en los últimos diez 8 años se han presentado numerosos proyectos en la casa de las leyes mendocina aunque sólo han prosperado algunos relacionados con casos puntuales. Al respecto vale recordar la norma sancionada en 2016, cuando se prohibieron las carreras de galgos.
Exisitirían al menos 12 proyectos de ley que quedaron sin tratamiento relacionados con la protección animal que, según los consultados, en muchos casos – no en todos- no salen porque no hay interés político en que esto ocurra.
Entre ellas se encuentra la creación del refugio para animales abandonados del gran Mendoza, el registro de maltratadores de animales, el programa de perros al servicio de la comunidad o el castigo a mutilaciones de animales por cuestiones estéticas, entre otros.
Una ley fundamental
Oscar Mellado, de la comisión de derecho animal del Colegio de Abogado de Mendoza y representante de Asoreva (Asociación reencuentro por la Vida Animal) indicó que la ley nacional 14.346, de 1954, más conocida como ley Sarmiento, fue revolucionaria.
“Considera al animal como víctima de maltratos y crueldad. Esta ley entiende que los animales son seres sintientes y tuvo gran impacto porque antes se los consideraba mercancía, una cosa”, detalló el especialista agregando que se los entendió así como sujetos de derechos elementales.
Así, 65 años después, sigue vigente la misma ley y los proyectos que se presentan tanto a nivel nacional como provincial poco han modificado los aspectos básicos. A raíz de esto, son muchas las propuestas, pero los animalistas entienden que algunas tienden a dar marcha atrás con derechos ya adquiridos.
“Nosotros aceptamos y apoyamos todos los proyectos en tanto mejoren la legislación. Pero por lo visto hay proyectos que nos asustan porque son regresivos, a contramano de la ley. Y en ese caso preferimos que quede todo como está”, explicó Mellado.
Al respecto, la veterinaria Jennifer Ibarra explicó que hay gran resistencia, por cuestiones de poder, a que se castigue más duramente las riñas de gallos o de perros. “Nosotros pedimos que se incorpore en el código penal la figura de crimen organizado y penalidades más severas para el tráfico de fauna silvestre, que hasta ahora es sólo de 3 años y es excarcelable”, señaló Ibarra.
Por eso es que la médica considera que es imprescindible actualizar la ley Sarmiento. “Necesitamos que la fauna silvestre tenga los mismos derechos que los animales domésticos, que se aumenten las penas y que exista la figura culposa, porque hasta ahora que “esperan” en la Legislatura solo hay dolo”, remarcó.
Mellado agregó que se deberían incluir nuevos tipos penales referidos a la imprudencia, a la zoofilia y el abandono, (que hasta ahora es considerado como crueldad pero no tienen figura legal) y la prohibición de la tracción a sangre. “Es fundamental aumentar el reproche punitivo e incluir estas figuras nuevas”, destacó el abogado.
Castración masiva
Uno de los últimos proyectos de ley que se han presentado es el de la senadora provincial por el PRO Cecilia Páez, quien propuso una norma para lograr que la provincia quede libre de perros callejeros. Según dijo, el descuido hacia los animales, sobre todo callejeros, es un flagelo creciente, aunque las áreas de zoonosis de cada departamento hayan tenido avances.
“Se deberían hacer de 80 a 100 castraciones diarias, y solo se hacen 30 como mucho. Paralelamente, se debe desalentar la compra de ciertas razas”, destacó la legisladora recordando que el proyecto es una adaptación de una ordenanza de autoría de la concejal lujanina Alicia Beningaza.
De esta manera, la iniciativa propone reducir a tasa cero la presencia de perros y gatos vagabundos a través de una esterilización masiva y una fuerte acción del Estado provincial en coordinación con los municipios.
La norma fue redactada en conjunto con las agrupaciones de proteccionistas y con el asesoramiento técnico de Oscar Mellado, apuntando a la metodología de los países avanzados, como el caso de Holanda.
“Los objetivos de la normativa propuesta, se basa en cuatro ejes: identificación de los animales, esterilización de la población callejera, fomentar la tenencia responsable y promover la adopción. Además, introduce la definición de animal no humano y el de persona responsable”, indicó Páez.
Ordenanzas municipales
Las últimas leyes respecto de los animales tienen que ver sobre todo, con el ataque de perros peligrosos. Y si bien en Mendoza hay una ley que data de 2006 (y que aún no fue reglamentada), impulsada por el ex legislador Alejandro Volpe, en nuestra provincia son pocos los controles que se realizan sobre las razas llamadas “peligrosas”.
En este sentido, el municipio de Godoy Cruz lleva adelante desde 2010 un programa de Tenencia Responsable de Mascotas, el cual se desprende de la Ordenanza Municipal Nº 5832/10 en la cual hay un apartado específico respecto de esta clase de animales.
En tanto, en el Código Contravencional se establece que los dueños de los llamados perros peligrosos o bravos, deben colocarles bozal y llevarlos con una correa o cadena de menos de dos metros de largo.
También es importante decir que la tenencia de fauna silvestre es ilegal sin la acreditación del origen legal de los ejemplares en cuestión, según dispone la Ley Provincial Nº 4602 y su modificatoria Nº 7308. En tanto la tenencia de fauna autóctona está prohibida en todo el territorio mendocino, por tratarse de especies protegidas y algunas en peligro de extinción.
Fuente: Diario Los Andes
