Esta semana se presentó en Luján de Cuyo un nuevo proyecto de cupo laboral trans redactado por las Referentes Trans del departamento, Beatriz Evelyn Silva y Valentina Daniela Ochoa, con el acompañamiento del Voluntariado Legislativo, realizado en la Municipalidad de Luján de Cuyo y presentado por la concejal Alicia Beningaza.
La instancia del Voluntariado Legislativo que acaba de finalizar su segundo ciclo en Luján de Cuyo, ha permitido que las referentes de la comunidad trans del departamento presentaran un proyecto de ordenanza bajo el expediente 474-P-18, que plantea la necesidad de estimular desde el sector público a los distintos actores de la sociedad para mejorar la empleabilidad de las personas travestis, transexuales y transgénero.
El proyecto de Ordenanza fue elaborado en el marco del Programa de Voluntariado Legislativo 2018 de Fundación para el Desarrollo Cívico Ciudadano y de la Ordenanza municipal Nº 12.837, propiciando la participación ciudadana en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo para la construcción colaborativa de políticas públicas.
El proyecto fue presentado por Valentina Daniela Ochoa y Beatriz Evelyn Silva, quienes estuvieron acompañadas técnicamente por Leandro Daniel Fruitos, Maria Mercedes Ordoñez y Agustín Boato.
El mismo establece un cupo básico del 1% sobre el empleo estatal. Al relegamiento estructural, se suma una coyuntura de desigualdad y violencia ascendente. La creciente ausencia del Estado en Políticas de Diversidad Sexual esteriliza la legislación vigente y ensombrece próximas conquistas del colectivo trans.
El mismo busca reparar los daños psicológicos que le causo el consejo deliberadamente a las integrantes del colectivo trans el año pasado, cuando se presento un proyecto de ordenanza que luego el Concejo Deliberante, aprovechando la ignorancia de las referentes trans modifico el decreto, sabiendo que el Intendente es la única persona facultada para llevar adelante un decreto, motivo por el cual dicho decreto quedo inconstitucional, refirió Silva a Diario Luján.
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El actual proyecto fundamenta que la comunidad travesti, transexual y transgénero de Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país. La realidad del colectivo trans está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato.
«La mayoría de las mujeres trans vivimos en extrema pobreza, privadas de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Somos expulsadas desde adolescentes de nuestros hogares y del ámbito escolar, no nos queda otra alternativa de subsistencia que el ejercicio de la prostitución«, explicó Silva, agregando que los artículos discriminatorios del Código de Faltas de la provincia de Mendoza, resabios de la oscura etapa de la dictadura, caen con crueldad sobre las trans a través de la creación de figuras jurídicas que criminalizaban la diversidad de las identidades de género.
Ser travesti, transexual o transgénero en Argentina era, hasta la sanción de la ley de identidad de género el 9 de mayo de 2012, sinónimo de condenar a distintas prácticas de persecución sistemática, represión, discriminación y exclusión social.
«No existen posibilidades de acceder a un trabajo sin este proyecto», sostiene Silva, porque la negligencia de un Estado ausente, que debería velar por los derechos de las personas trans y no lo hace, además la expulsión de los circuitos laborales también es moneda corriente para las trans por su identidad de género. Esto es analizado por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) como “un desperdicio de talentos, con efectos negativos para la productividad y el crecimiento económico. La discriminación genera desigualdades socioeconómicas que perjudican la cohesión social y la solidaridad, y que dificultan la disminución de la pobreza”.
A pesar de las condiciones en las que desarrollan sus vidas, las participantes del Proyecto de Voluntariado Legislativo, han dado muestras de perseverancia, y a través de la intervención y compromiso político, que ha producido significativos cambios aportando a nuevos conceptos, marcos jurídicos y construcción de políticas sociales.
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En estos últimos 3 años, Argentina no ha dado muestras que las políticas de diversidad sexual también son políticas de Estado, a pesar de tener aprobada en el congreso la Ley 26.743 de Derecho a nuestra Identidad de Género.
La Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR de 1998, establece en el artículo 2° de los derechos individuales que “todo trabajador tiene garantizada la igualdad efectiva de derechos, tratamiento y oportunidad en el empleo y ocupación, sin distinción o exclusión por motivo de raza, origen nacional, color, sexo u orientación sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideológica, posición económica o cualquier otra condición social o familiar, en conformidad con la disposiciones legales vigentes. Los Estados Partes se comprometen a garantizar la vigencia de este principio de no discriminación. En particular, se comprometen a realizar acciones destinadas a eliminar la discriminación en lo que refiere a los grupos en situación desventajosa en el mercado de trabajo”.
Esto demuestra que desde el Estado deben generar todas las condiciones necesarias para la erradicación de la discriminación y garantizar la igualdad de derechos.
En el año 2012 el INADI y el INDEC realizaron una encuesta sobre la población trans, que arrojó el terrible dato que las personas trans tienen un promedio de vida de 35 años. También se pudo ver que el 80% indicó que debía prostituirse o tiene trabajos informales.
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«Esto es un primer paso, pero sabemos que este derecho podrá ser conquistado a través de la organización y la lucha, esperamos que nuestro proyecto así como mi trayectoria en el colectivo trans de la provincia, sirvan de herramientas para lograrlo», concluyó Silva.
