Las amenazas en escuelas de Mendoza han continuado. Hay 25 menores cuentan con causas, un fue alumno expulsado de una escuela de Luján y hay cambios en el protocolo, tras la ola de pintadas que iniciaron el miércoles 15 de abril.
El Gobierno confirmó imputaciones, sanciones y modificaciones en los controles tras la ola de intimidaciones que puso en alerta a toda la comunidad educativa tras las pintadas y mensajes en sanitarios escolares.
La crisis por amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza sumó un nuevo capítulo este miércoles 22 de abril.
El Gobierno provincial confirmó que hay 25 menores con causas vinculadas a estos hechos, entre imputaciones judiciales y sanciones escolares.
Además, anunciaron cambios en el protocolo de seguridad e informaron la expulsión de un alumno en Luján de Cuyo.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, detallaron que seis adolescentes son imputables y ya enfrentan cargos.
Mientras que otros 19 estudiantes fueron sancionados con quita de puntos en el Índice de Convivencia Escolar (ICE).
En algunos casos, también avanzará con sanciones a padres y tutores en el marco del Código Contravencional.
Una semana de caos escolar
A una semana del inicio de estos hechos y tras acciones interministeriales sostenidas entre Educación y Seguridad, junto a otras áreas del Gobierno, la ministra Mercedes Rus remarcó que esto no es una broma ni un juego.
Además advirtió que por cada inscripción en la pared de una escuela o por cada amenaza difundida en redes sociales hay un delito consumado con consecuencias graves.
“Estamos hablando, como mínimo, del delito de intimidación pública, que tiene una pena máxima comparable a la de un robo simple o una estafa”, explicó Rus.
Además, señaló que estas conductas también están contempladas en el código contravencional, no solo respecto de los jóvenes involucrados, sino también de sus progenitores o responsables parentales.
La funcionaria precisó que, por cada hecho ocurrido en una escuela, se inició una investigación penal.
“Tenemos casos en donde hay menores imputables que ya están siendo investigados y van a tener una consecuencia penal”, reveló.
En ese marco, indicó que actualmente hay seis jóvenes con edad para recibir una imputación y que esas actuaciones ya se encuentran en trámite en el Ministerio Público Fiscal.
En Luján de Cuyo
Uno de los casos más resonantes ocurrió en el colegio Santa María Goretti, donde un alumno fue desvinculado tras realizar pintadas amenazantes en dos oportunidades.
Otros dos estudiantes también fueron sancionados por su participación.
En paralelo, las autoridades informaron que se eliminaron más de 1.200 publicaciones en redes sociales que promovían o instigaban este tipo de amenazas, en un contexto que habría tenido características de viralización digital.
Cambios en el protocolo y fuerte despliegue policial
Tras varios días de estrictos controles, el Gobierno decidió modificar el operativo de seguridad.
Ya no habrá presencia policial fija en los ingresos de las escuelas, aunque mantendrán patrullajes activos.
A su vez, cada institución tendrá autonomía para definir si los alumnos pueden volver a asistir con mochilas o si continúan las restricciones.
Etapas del protocolo
Durante la implementación inicial del protocolo, cientos de estudiantes asistieron sin mochilas, mientras efectivos policiales controlaban los accesos.
Según precisó la ministra Rus, el despliegue incluyó cerca de 800 policías por día, entre consignas, patrullajes y relevos, además de la intervención de áreas investigativas en unas 230 escuelas.
El impacto también estuvo reflejado en el sistema de emergencias, que recibió alrededor de 400 llamados al 911 vinculados a estas amenazas, lo que generó un fuerte desgaste operativo.
Investigaciones en curso y advertencias oficiales
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que recibieron más de 50 denuncias en los últimos días por amenazas de tiroteos, presencia de armas o posibles ataques en establecimientos educativos.
Algunos de los casos derivaron en imputaciones, incluyendo a adolescentes de 16 y 17 años, y también a la madre de uno de ellos por intimidación pública agravada.
Las autoridades insistieron en que este tipo de conductas no serán consideradas bromas y tendrán consecuencias legales.
“Ningún joven tendría que sentir la liviandad de escribir amenazas”, advirtió Rus, al tiempo que remarcó el impacto que generan estos hechos en toda la comunidad.
Con un escenario aún sensible, el Gobierno provincial busca ahora equilibrar la prevención con la normalización de la actividad escolar.
Mientras continúan las investigaciones y se refuerzan las acciones para evitar nuevos episodios.
