A cinco horas después de la sanción de la ley que retrotrae las tarifas, el jefe de gabinete anunció el veto.
La Ley que retrotrae las tarifas de los servicios públicos a noviembre del año pasado fue vetada por el presidente Mauricio Macri. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizó el anunció oficial en una conferencia de prensa realizada este jueves, a las 8:40, en Casa Rosada.
Aseguró que es «una ley irresponsable» y que no rige. «El fundamento conceptual de lo que se votó ayer es la política tarifaria del kirchnerismo, una política de mentira y de vaciamiento del sistema energético, que nos llevó a los problemas que hoy estamos enfrentando»
Macri no esperó el desenlace parlamentario y ayer mismo tenía escrito su veto , El veto a la ley que limita las subas de las tarifas, que fue pactada entre el kirchnerismo, el massismo y el PJ, será total y constade unas pocas palabras de carácter formal y sin fundamentos
Fuentes gubernamentales indicaron que, aunque por ley Macri tiene diez días para firmar el veto, lo haría hoy mismo porque «quiere sacarse de encima cuanto antes este tema», que durante un mes entero le rindió beneficios a la oposición.
La ley establece que las facturas del agua, la luz y el gas no podrán aumentar más que los salarios y retrotrae las tarifas a noviembre del año pasado.
Pero tiene efecto en todo el país únicamente sobre el gas, porque en el interior la luz y el agua son concesiones provinciales, a excepción de la Capital Federal y parte de la provincia de Buenos Aires, donde operan la estatal AySA y las distribuidoras eléctricas Edenor, Edesur y Edelap, que son de concesión nacional.
Mientras durante los años de kirchnerismo las tarifas de la luz para los porteños y los bonaerenses permanecieron congeladas (al igual que las del gas en todo el país), en el interior fueron aumentando y sobre la base de fórmulas polinómicas y coeficientes vigentes en los contratos de concesión provinciales.
Esta diferencia también se produjo con el agua: AySA mantuvo tarifas desactualizadas por decisión del gobierno kirchnerista mientras en Mendoza, con Aysam, o en Córdoba, con Aguas Cordobesas, las facturas sí aumentaron.
El Gobierno también considera que la aplicación de ley opositora significa un costo fiscal de 75.000 millones de pesos en 2018 y de 95.000 millones de pesos en 2019, dinero del que no dispone, en momentos en que está embarcado en la disminución del déficit fiscal, al que considera padre de la inflación y de la dependencia del país del financiamiento exterior.
Fuente: Los Andes
