Se liquidaron $38 millones, valor actualizado a la cotización del dólar, como se había acordado en el convenio con la Obra de San José, ex titular del inmueble
Antes de que se cumpliera un año de la venta del edificio donde funcionaba el Instituto Antonio Próvolo, el mismo que ahora está siendo mencionado como el escenario de los abusos sexuales contra los ex alumnos sordos, la Municipalidad de Luján de Cuyo efectivizó el segundo pago, de un total de cuatro cuotas hasta cancelar definitivamente la suma de $153 millones.
En esta ocasión, se liquidaron $38 millones, valor actualizado a la cotización del dólar, como se había acordado en el convenio con la Obra de San José, ex titular del inmueble, donde por 18 años funcionó el colegio de gestión privada.
El jefe de Gabinete de la comuna, Esteban Allasino informó que de acuerdo a lo que establece la Justicia provincial, “el dinero se transfiere a cada una de las cuentas bancarias, correspondientes a los juicios laborales o para los pagos que quedaron comprometidos con proveedores”.
Es así, que de acuerdo con esta modalidad la Obra de San José, ex dueña de las instalaciones no percibe directamente los fondos, sino que se están debitando directamente de los embargos trabados vía judicial.
Allasino aseguró que “en su momento se dijeron muchas cosas mal intencionadas, pero la realidad es que hoy tanto los ex empleados como las víctimas van a ser resarcidas producto de la venta del edificio”.
Por otro lado, también recalcó que el monto actualizado supera el de la inflación porque está dolarizado y dejó en claro, “ esto ya lo teníamos previsto presupuestariamente”.
Compra polémica
El 12 de septiembre del año pasado, el gobierno del intendente Omar De Marchi adquirió la construcción donde funcionaba el colegio dedicado a la enseñanza para niños sordos y luego del aval del Concejo Deliberante formalizó el primer pago en 64 millones de pesos.
La operación generó malestar entre los denunciantes de los abusos sexuales y los familiares, ya que se enteraron de la transacción el mismo día que se anunció en una conferencia de prensa en las instalaciones donde se habría perpetrado los abusos, según la denuncia penal que hoy se ventila en un juicio.
A consecuencia del cierre del Instituto Próvolo por la Dirección General de Escuelas (DGE), luego del escándalo de los abusos sexuales y las detenciones de los fundadores de la congregación en Carrodilla, como de otros empleados administrativos, las instalaciones quedaron abandonadas hasta que la Obra de San José decidió venderlas.
Con la clausura de la escuela de calle Boedo al 300, también la provincia cortó los subsidios para el pago de los salarios de los docentes y reubicó a los estudiantes, entre los que se encontraban una veintena de víctimas.
El obispo de La Plata, Alberto Bochatey, designado por el Papa Francisco como interventor del Próvolo, ofreció a la Municipalidad de Luján el edificio.
«Motiva esta decisión la falta de recursos económicos con los que se sostenían todas las tareas de la Obra y el Inmueble, que es de gran valor por el tipo de construcción, la cantidad de metros cubiertos (…) con una excelente ubicación geográfica. Queremos mostrarle que es nuestro interés que el inmueble pueda brindar servicios a los ciudadanos de la zona y a la comunidad toda«, escribió el religioso como el primer puntapié para comercializar el lugar.
Inauguración para después de las elecciones presidenciales
Desde la Municipalidad fueron muy cautos a brindar una fecha de inauguración, “ya que el intendente es candidato a diputado nacional, se va a hacer una vez que hayan pasado las elecciones”, indicaron.
Aunque sí aseguraron ya está funcionando algunas dependencias y de a poco se están realizando los traslados pendientes.
La idea del Parque Cívico es la concentración de los servicios municipales, pero también de la actividad bancaria, de las dependencias nacionales y provinciales que estarán concentradas en un único lugar.
Se reproducirá la Cámara Gesell de una testigo clave
Desde el 5 de agosto se viene desarrollando el juicio por los 28 hechos de abuso sexual y corrupción de menores, que habrían cometido los sacerdotes Nicola Corradi (83), Horacio Corbacho (61) y el ex jardinero Armando Gómez (51).
En ese marco, este lunes se espera la reproducción de la declaración de la testigo de identidad reservada Nº1, que fue quien acudió a una legisladora durante un acto en la Casa de las Leyes, en noviembre de 2016, para contar las violaciones a las que habrían sido sometidos los alumnos del Próvolo.
Su testimonio, incrimina directamente a los tres imputados.
Fuente: Diario El Sol.
