La normativa establece requisitos obligatorios de inscripción, seguros, personal capacitado y seguridad en las piletas para las instituciones públicas y privadas que organizan actividades recreativas y deportivas durante el verano.
El Gobierno de Mendoza promulgó la Ley 9743, conocida como Ley Faustino, que establece un marco regulatorio para el funcionamiento de las escuelas de verano en toda la provincia. La medida alcanza a clubes, asociaciones civiles, sindicatos, organizaciones comunitarias, entidades privadas y organismos estatales o municipales que desarrollen actividades deportivas, recreativas y formativas destinadas a niños, niñas y adolescentes.
Uno de los principales cambios es la creación de una nómina provincial de escuelas de verano dentro del Registro Provincial de Instituciones Deportivas, contemplado en la Ley 6457. Las entidades deberán inscribirse y presentar información sobre sus responsables legales, coordinadores, establecimientos y proyectos pedagógicos.
Para obtener la constancia de inscripción, también tendrán que acreditar la habilitación municipal del predio, contar con un seguro de responsabilidad civil vigente y garantizar un servicio de emergencias médicas con traslado. La documentación tendrá carácter de declaración jurada y deberá renovarse en cada temporada estival.
Además, las instituciones registradas tendrán que exhibir la constancia de inscripción en un lugar visible del ingreso. La autoridad de aplicación, por su parte, deberá publicar el listado de establecimientos que cumplan con las exigencias.
Qué exige la Ley Faustino sobre el personal y la seguridad
La normativa establece condiciones específicas para los equipos responsables de las actividades. Cada escuela de verano deberá contar con un responsable del proyecto que sea profesor o licenciado en Educación Física matriculado.
Asimismo, el personal contratado deberá presentar certificado de antecedentes penales, mientras que los organizadores tendrán a su cargo verificar su idoneidad y supervisar su desempeño.
En el caso de los niños menores de 5 años, se exige un profesor de Educación Física y un auxiliar por cada grupo de hasta 15 participantes. Para los chicos de mayor edad, la cantidad de profesionales y auxiliares será definida mediante la reglamentación correspondiente.
Las instituciones que dispongan de natatorios deberán contar con al menos un guardavidas habilitado y registrado cada 50 niños, niñas y adolescentes durante el uso de las piletas. También tendrán que instalar cerramientos de protección y garantizar la vigilancia directa de quienes ingresen al agua.
Otro requisito será la capacitación del personal en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), identificación de riesgos y actuación ante situaciones de emergencia.
La ley también contempla las actividades especiales fuera de los establecimientos. Las excursiones y propuestas que incluyan pernocte necesitarán autorización escrita de los padres o tutores, mientras que el transporte deberá contratarse a prestadores habilitados.
Municipios tendrán 180 días para adecuar los registros
La Ley Faustino invita a los municipios mendocinos a adherir a sus disposiciones y crear registros propios, con la posibilidad de incorporar requisitos adicionales mediante ordenanzas locales.
Para implementar el nuevo sistema, la normativa establece un plazo de 180 días desde su publicación, período durante el cual deberán adecuarse los procedimientos administrativos y las condiciones de inscripción.
Por qué se creó la Ley Faustino
La iniciativa surgió tras la muerte de Faustino Díaz Crimi, un niño de 4 años que falleció en febrero de 2025 mientras participaba de una escuela de verano en el Marista Rugby Club en Carrodilla.
El caso generó un reclamo social por mayores controles y condiciones de seguridad para las instituciones que organizan actividades estivales.
La Legislatura provincial aprobó definitivamente el proyecto el 10 de noviembre de 2026. Con su promulgación, Mendoza incorpora un marco común de responsabilidades y exigencias para los organizadores de escuelas de verano, con el objetivo de fortalecer la prevención y brindar mayores garantías a las familias.





