Quedó frustrada la iniciativa de fuga en la cárcel de Almafuerte.
Personal penitenciario y policial ingresó al módulo 4.3 luego de que, el lunes por la mañana, analizaran datos concretos sobre presos condenados a perpetua, quienes fueron llevados a otra cárcel de mayor seguridad.
La secuencia que terminó con un amplio despliegue de seguridad en el Complejo Penitenciario Almafuerte comenzó varias horas antes de que los móviles rodearan el predio en Cacheuta.
La información ingresó durante la mañana del lunes al área de Inteligencia del Servicio Penitenciario y describía con precisión un presunto plan de fuga gestado en el módulo 4.3, donde alojan internos condenados a prisión perpetua.
El reporte no solo mencionaba nombres propios, sino también un punto exacto dentro del pabellón.
Este es un caño estructural soldado sobre el enrejado del patio, que no formaría parte de la estructura original.
Era en el sector del 4.3 donde ocultaban los internos una pistola.
Según el dato, allí encontraban ocultas partes de armas de fuego (dos, una pistola calibre 380 y una 40), que habrían sido retiradas recientemente de un sector del campo del penal donde estaban enterradas.
La advertencia agregaba que las piezas estaban desarmadas para evitar su detección y que varios internos considerados peligrosos estaban detrás de la movida para escaparse.
Confidencialidad
El análisis de la información encendió las alarmas por dos motivos.
Primero, por la gravedad institucional de que armas de fuego circularan dentro del complejo ubicado en Luján.
Segundo, porque el informe hacía referencia a eventuales vínculos con personal penitenciario, lo que obligaba a extremar la reserva del procedimiento para evitar filtraciones.
Con ese escenario, resolvieron actuar con rapidez y bajo estricta confidencialidad.
Las autoridades del Ministerio de Seguridad estaban al tanto de la situación y también la cúpula del Servicio Penitenciario.
Pasadas las 16, el penal fue rodeado por efectivos policiales y grupos especiales, mientras personal de Inteligencia y requisa avanzaba directamente sobre el módulo señalado.
El procedimiento incluyó la intervención de canes y el uso de drones para supervisar sectores externos, tal como reveló El Sol.
La orden fue ir al punto indicado y verificar la veracidad del dato antes de que los elementos pudieran ser movidos.
En el interior del conducto metálico detectado hallaron una pistola de fuego desarmada, municiones y otros elementos de fabricación casera. Las piezas coincidían con la descripción aportada en la advertencia.
El hallazgo desarticuló, al menos de manera inmediata, la posibilidad de que el plan avanzara en las próximas horas.
Movimientos
La información también hacía referencia a movimientos recientes de internos entre los módulos 4.1 y 4.3 y a que el intento de evasión podría concretarse un fin de semana o en el contexto de los actos centrales de la Vendimia, aprovechando supuestas fallas en el sistema de cámaras.
La instalación de nuevos equipos de vigilancia habría precipitado los tiempos.
Con el arma secuestrada y la investigación en manos de los pesquisas, el foco estaba puesto en determinar cómo ingresaron las armas al penal y si existió participación interna para facilitar el intento de fuga.
Confirmado el hallazgo de un arma desarmada, drogas y teléfonos celulares, el Servicio Penitenciario ordenó el traslado de siete internos a Almafuerte II.
Muy alto perfil
Fueron catalogados como de “Muy Alto Perfil”, el sistema que aplica en Mendoza, y estarán bajo investigación y sin beneficios durante algunos meses.
Este régimen no es un alojamiento de máxima seguridad en términos clásicos, sino un sistema diferenciado de aislamiento y vigilancia que se aplica solo a casos excepcionales.
La normativa provincial, que aplica en Mendoza desde julio del 2024, lo destina a internos que representan riesgos de fuga, que pueden corromper a personal penitenciario o ejercer influencia sobre otros presos para continuar delinquiendo desde la cárcel.
También incluye a quienes tienen notoriedad pública, vínculos con organizaciones criminales o antecedentes de motines, entre otros factores, se desprende la resolución 1213/2024, de la Dirección General del Servicio Penitenciario.
Los presos en cuestión
- Cristian “Pirincho” Tapia, condenado a perpetua por el asesinato de un policía en el Hospital Perrupato.
- Jordan “Poroto” Tapia, también sentenciado a la pena máxima por el crimen del efectivo en el Este provincial.
- Hugo “Mecha” Arredondo, conocido por intentar escapar y agredir a una fiscal en el Polo Judicial.
- Omar “Tanga” Gómez, condenado a perpetua por el crimen de Matías Quiroga durante un asalto en Godoy Cruz, el 9 de marzo del 2012.
- Kevin Gerrero, condenado por el asesinato de la empresaria del Valle de UCO Norma Carleti.
