Mediante el decreto 794/2017 publicado el miércoles 4 de octubre en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional creó la empresa Corredores Viales S.A., y causó sorpresa en el sindicato que agrupa a los empleados de Vialidad Nacional. Desde el gremio denunciaron que se trata de una maniobra del gobierno para privatizar el organismo.
El capital accionario de la sociedad anónima, está conformado por el 51% del ministerio de Transporte de la Nación y el 49 % le corresponderá a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Sin embargo, el texto aclara que “en caso que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes”, lo cual implica que las acciones pueden ser vendidas a privados.
El Secretario adjunto del Sindicato del Personal de Vialidad del distrito Mendoza, Jorge Gomensoro afirmó que según lo establecido en el artículo 4 del decreto, la nueva empresa queda al margen de las regulaciones y controles estatales de licitaciones y contratos.
“No se le aplican las leyes de procedimiento administrativo ni la de ley de obras públicas, es decir que la contratación de las obras viales por parte de la sociedad anónima, van a regir pura y exclusivamente con las leyes del derecho privado. Serán sus propios rectores, van a pasar a ser los dueños de la ruta directamente” sostuvo el secretario del sindicato.
Según lo expresado en el documento, el propósito de la empresa será “la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional, y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera”, es decir que tendrá las mismas funciones que tiene hoy Vialidad Nacional.
Gomensoro advierte además sobre la transferencia del personal de vialidad a esta sociedad anónima en caso de que así se requiera, poniendo énfasis en la gravedad del tema. “Los trabajadores perderán estabilidad y los derechos que por ley tienen atribuidos. Vamos a pasar a depender del derecho privado, lo que implica que tendríamos los días contados en la empresa ya que la misma podrá evaluar si le conviene o no seguir manteniéndonos en la plata de trabajo”.
Otro de los temas destacados en el decreto tiene que ver con el artículo 9 que habla de la transferencia de recursos de la Dirección Nacional de Vialidad. Al respecto el sindicalista señala: “Si los capitales de esta sociedad anónima se deterioran, Vialidad Nacional debería empezará transferir sus recursos o capital hacia el sector privado para que la empresa no pierda su patrimonio o sus beneficios. Esto es gravísimo ya que está escrito y aún peor es que está en vigencia”.
Ante la consulta, sobre una de las denuncias que surgieron en torno a la creación de dicha empresa, que indican que esta medida intenta beneficiar a ciertos grupos empresariales afines al gobierno, Gomensoro respondió: “Totalmente es así, lo dice el mismo decreto. La red troncal que hoy es jurisdicción de la DNV pasaría a formar parte de esta sociedad anónima y se implementaría el sistema de cobro de peaje para transitar por estas rutas de mayor flujo vehicular, como el acceso sur, este, el corredor internacional a Chile en el caso de Mendoza, y así en todas las otras provincias del país”.
Y añadió: “La gravedad de esto es que la sociedad debe tomar conciencia de que si yo aumentó los costos de transporte, si aplico sistemas de peajes en las rutas donde tengo el mayor flujo vehicular, aumentó el costo de transporte y por lo tanto se ve transferido directamente en la canasta”.
Fuente: Va con firma Mendoza
