En una audiencia el juez de garantías debe decidir sobre las quejas de los defensores de los imputados por el rol de los intérpretes. La acusación está en la web de las monjas acusadas.
El miércoles 6 de junio, la Justicia de garantías decidirá si darles curso a las objeciones planteadas por Luis Romano y Maximiliano Legrand, abogados defensores del ex jardinero del instituto Próvolo Armando Gómez y del ex monaguillo José Bordón, respectivamente.
Los letrados plantearon que las acusaciones no cumplen los requerimientos formales y les falta argumentación. Lo que se decide el miércoles es si se deben introducir correcciones a la investigación o si alguno de los imputados queda sobreseído.
Sin esta instancia no se puede definir la fecha de elevación a juicio oral. Aunque en las últimas horas ha surgido un escollo más que podría impedir la definición del debate: una nueva denuncia a dos intérpretes de lengua de señas y a un perito psicológico por parte del defensor oficial Víctor Banco. El abogado fue quien logró el sobreseimiento de uno de los primeros imputados en la causa, el hombre conocido como J.L.O, que por su discapacidad mental fue declarado inimputable. La acusación de mala traducción de los testimonios realizada contra los intérpretes no fue expuesta solo por Banco. Carlos Varela Álvarez, el defensor de las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez, se sumó a este cuestionamiento. El punto es que si la denuncia es tenida en cuenta por el juez de garantías, puede hacer tambalear la investigación.
En cambio, si la Justicia no hace lugar a las objeciones, el caso sigue su curso y sólo faltaría poner fecha al juicio oral.
Por su parte, Oscar Barrera, uno de los abogados querellantes, expresó con respecto a las acusaciones hacia los intérpretes: «Esto ya se trata de un trámite persecutorio, no de una estrategia defensiva. No van en busca de la verdad sino que intentan proteger a una institución».
Quieren un protocolo
Barrera se refirió a cómo pedirán los defensores de las víctimas que se realice el juicio. Por empezar, lo que solicitan es que se efectúe un único debate, sobre todo para proteger a los afectados.
Según describió el letrado, este caso se da como en círculos concéntricos: en el núcleo están los acusados directos (los que perpetraron los abusos), alrededor de ellos, los colaboradores: es decir, los partícipes secundarios del delito. Y por afuera, los que sabían lo que sucedía y no hicieron nada para evitarlo.
El abogado explicó, además, que quieren un protocolo para llevar adelante los debates, que se formalice a través de una acordada de la Suprema Corte.
«Lo que estamos intentando es que todos los juicios que involucren a personas discapacitadas se regulen de la misma manera», dijo. Esto implica, por ejemplo, no volver a tomar testimonios a quienes ya los dieron –inclusive existen las filmaciones–, para no revictimizar.
De qué se los acusa
La defensa de las monjas Kumiko y Martínez, encarada por el estudio de Carlos Varela Álvarez, sostiene que las denuncias en el caso Próvolo han debido ser interpretadas porque los denunciantes son hipoacúsicos, algunos de ellos con otras patologías asociadas.
La mayoría de esas declaraciones se han tomado bajo la técnica de la cámara Gesell. Las preguntas se hacen vía el fiscal que se las pasa a los intérpretes y de su versión pasan al papel.
Lo mismo con sus pericias psicológicas, donde el intérprete se supone que transmite lo que la persona le seña.
Según los mismos profesionales, el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia analizó 17 cámaras Gesell y dictaminó que hubo tergiversaciones y sugestiones de los relatos por parte de los intérpretes.
Un párrafo de las conclusiones del informe destaca lo siguiente: «En relación a los intérpretes, se observan varios momentos en los que los testigos cuentan una situación muy concreta, en la cual la interpretación no se condice con lo expresado, y en consecuencia se cambia el sentido de lo narrado. Es decir que los intérpretes cuentan una historia donde insertan elementos distintos de los que fueron señados por los testigos. Se puede observar dificultades para conectar las ideas entre sí de modo coherente».
Al respecto, los abogados defensores de las monjas aseguran que «se ha considerado indispensable denunciar penalmente a los intérpretes oficiales de la causa como a determinados profesionales de la salud del Cuerpo Médico Forense a los fines de establecer el nivel de la contaminación, tergiversación y manipulación de testimonios y niveles de fiabilidad y credibilidad de los mismos».
Fuente: Diario Uno
