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Caso Gómez Romagnoli: de gatillo facil a pedido de indemnización para el acusado

Estudiaba diseño y amaba la naturaleza y esquiar. Tenía 28 años. Y más aun: tenía toda la vida por delante. Hasta que un policía lo mató por la espalda mientras manejaba su Renault 6 blanco de regreso a su casa en Luján.

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Eran las 5.50 del sábado 31 de agosto de 1996 y Mendoza comenzaba a sacudirse, una vez más, por un caso más de gravísimos excesos policiales. La nueva víctima se llamaba Alejandro Gómez Romagnoli.

La Vene Vistalba

Gobernaba Arturo Lafalla y Ángel Cirasino era su ministro de Gobierno.

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Cirasino en conferencia de prensa; a la derecha, una foto de la víctima en un centro de esquí.

Los bancos provinciales, ya heridos de muerte, eran auditados para desentrañar las causas técnicas de la situación y transitaban el camino irreversible de la privatización. Sergio Goycochea negociaba con el Tomba una incorporación que quedaría en una ilusión.

La víctima

Gómez Romagnoli vivía sobre calle Besares con Amalia, la madre. Tenía novia: Andrea. Tenía amigos y compañeros de facultad en la Universidad Champagnat. Tenía muchos planes.

En los últimos minutos del viernes 30 estuvo en un cumpleaños en el centro y más tarde fue a un boliche de Chacras.

Más tarde, subió a su auto y puso primera. De vuelta a casa, decidió. Pero cuando iba por la calle San Martín a la altura del 6600 recibió un balazo. Ingresó ya muerto al Sanatorio Regional.

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El caso y la foto del auto fueron la noticia principal en la tapa de Diario UNO del domingo 1 de septiembre de 1996.

La versión policial indicó que el muchacho había muerto en una persecución con tiroteo incluido y que él había usado un arma. Que todo comenzó porque él no se detuvo en un control policial montado en Costanera y San Luis, en el Parque O´Higgins. Y que todo culminó 14 km al sur.

¿Cuatro patrulleros policiales lanzados no habían podido alcanzar a un modesto R6 en un trayecto de 14 kilómetros? Esa duda abrió el camino hacia la verdad

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La parte trasera del rodado tenía varios impactos de bala. Al menos cuatro. A la altura del baúl. Debajo de la chapa patente que comenzaba con la M de los vehículos radicados en Mendoza y el 23 típico de los modelo 1980 y pico.

Omar Palermo, hoy juez de la Suprema Corte, fue el juez a cargo de la investigación. Tenía apenas un año más que la víctima.

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En 1996 Omar Palermo era titular del Octavo Juzgado de Instrucción.

En aquel tiempo Gorigoitía fue defendido por el abogado Adolfo Moreno (asesinado por delincuentes en junio del 2012), letrado que presentó un recurso de casación que terminó siendo rechazado “por improcedente” por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Mientras que más adelante lo hizo con un recurso extraordinario ante el más alto Tribunal donde solicitaba la “anulación” de la sentencia de la Segunda Sala “por arbitraria” y se dictara una nueva “ajustada a derecho”.

La pesquisa derivó en la detención de un policía: el sargento Oscar Gorigoitía. Pero Amalia Gómez exigió que fueran capturados todos los uniformados que participaron de aquel siniestro operativo.

En el litigio legal, ya agotada las instancias locales a finales de los ‘90, el penalista mendocino Carlos Varela Álvarez, llegó con sus argumentos a la CIDH para que ahora Gorigoitía pueda “interponer un recurso mediante el cual obtenga una revisión amplia de la sentencia condenatoria, en cumplimiento con lo dispuesto por la Comisión Americana” y reparar íntegramente las violaciones declaradas en el presente informe “incluyendo el daño moral e inmaterial”.

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La madre del muchacho durante una entrevista con UNO. El caso también impactó en la Legislatura.

Y hubo marchas en reclamo de Justicia. Y la Casa de Gobierno se volvió un hervidero de parientes y amigos de Gómez Romagnoli reclamando justicia.

El juicio

La Primera Cámara del Crimen, encabezada por Víctor Hugo Comeglio, uno de los jueces en actividad más longevos de Mendoza, condenó a Gorigoitía a 14 años de prisión y de inhabilitación para ejercer la función policial.

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Victor Comeglio, juez.

Lo consideró autor del delito de homicidio simple. Y lo mandó a la cárcel. Corría 1997 y en Mendoza estaba por ocurrir otro caso emblemático de excesos policiales: el asesinato de Sebastián Bordón.

El policía condenado por el hecho fue señalado por los psiquiatras como una persona con tendencia al desequilibrio. Eso no le había impedido, en 1995, ser considerado por la fuerza como uno de los policías ejemplares por su desempeño en el manejo de las armas y otras actividades. A Gómez Romagnoli lo mataron por error, sólo porque viajaba en un vehículo similar a otro que era buscado. Trece efectivos fueron sumariados por el caso.

Mendoza, 2019

En marzo de este año, se solicitaba una reparación económica a Oscar Gorigotía; que se modifiquen las leyes procesales penales de Mendoza respecto de este derecho; que se establezca si el actual código procesal penal es Constitucional; que el fallo sea un mensaje para las legislaciones procesales penales de Argentina para que las adecuen a los estándares nacionales y así evitar nuevas demandas. Que el fallo tenga impacto en las demás legislaciones de los países miembros del sistema. Y que la Corte puede también declarar la nulidad de la sentencia que condeno a Oscar Gorigoitía y que lo exonero de la policía de Mendoza.

El caso Gómez Romagnoli volvió a ser noticia durante la última semana: 23 años después del crimen y 22 años después de que Gorigoitía fuera sentenciado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado Argentino por la negativa de la Corte de Mendoza a revisar en Casación el fallo de la Primera Cámara del Crimen. Técnicamente se denomina violación al derecho de recurrir un fallo.

Y ordenó que el sargento sea indemnizado y que se suspendan los efectos de la condena.

Carlos Varela Álvarez, Alejandro Acosta y Pablo Donnangelo llevaron el caso en nombre del sargento.

Otros casos tratados por  estos organismos 

LA CIDH. Intervino por primera vez en un tema de Doble Instancia o Doble Conforme en el caso de La Tablada donde se declaro nula después la ley de defensa de la democracia porque no contemplaba ese derecho.  

La CORTE IDH. En este tema dictó la sentencias de Herrera Ulloa vs Costa Rica que produjo efectos regionales como la modificación de la jurisprudencia argentina en el caso Casals donde se amplio el derecho al doble conforme. Luego ha dictado Mohamed vs Argentina y Mendoza vs Argentina ( sobre menores con prisiones perpetuas sin doble instancia).

Fuente: Diario Uno, Los Andes y Página 12


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