Concejales de Luján de Cuyo analizaron las nuevas competencias municipales por los cambios en la Ley 9.702, de Arbolado Público.
El Concejo Deliberante de Luján de Cuyo recibió un informe sobre los cambios introducidos por la Ley 9.702 y su reciente reglamentación.
La nueva normativa otorga a los municipios jurisdicción exclusiva sobre el arbolado de dominio municipal, al tiempo que establece criterios técnicos comunes para toda la provincia y nuevas obligaciones de planificación, registro y control.
Ahora hay que compatibilizar criterios y por ello desde el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo llevaron adelante una jornada de análisis sobre la nueva normativa provincial de Arbolado Público.
El objetivo de adecuar las ordenanzas municipales al marco establecido por la Ley 9.702, que modificó la Ley 7.874, y a su reciente reglamentación mediante el Decreto 1.720/26.
La reforma redefine las competencias entre la Provincia y los municipios y establece nuevos criterios para la conservación, mantenimiento, poda, reposición y desarrollo del patrimonio forestal de Mendoza.
Cambios y mejoras
La legislación mantiene al arbolado público como un patrimonio natural y cultural de la provincia, pero establece una delimitación más precisa de las responsabilidades según la jurisdicción.
Uno de los principales cambios introducidos por la Ley 9.702 es la delimitación de las competencias. Los municipios ejercerán jurisdicción sobre el arbolado ubicado en calles, avenidas, plazas, paseos y demás espacios de dominio municipal.
La Provincia, a través de la autoridad de aplicación correspondiente, mantiene la jurisdicción sobre el arbolado ubicado en bienes de dominio provincial y nacional, así como sobre los espacios vinculados a Vialidad, el Departamento General de Irrigación y las inspecciones de cauces, y de EDEMSA, de acuerdo con sus respectivas competencias.
En este sentido, la reglamentación establece que los municipios pueden dictar normas locales que eleven los niveles de protección, pero no establecer estándares inferiores a los fijados por la Provincia.
Otro de los puntos centrales de la reforma es la obligación de cada municipio de elaborar un Plan de Manejo Integral del Arbolado Público con una vigencia de cuatro años, que debe ser presentado ante la autoridad de aplicación provincial y adecuarse a los lineamientos técnicos establecidos por la Provincia.
Estos planes deben contemplar, entre otros aspectos, el estado sanitario de los ejemplares, las tareas de mantenimiento, poda, riego, extracción y reposición, las situaciones de emergencia y las acciones de reforestación.
Además, los municipios deberán presentar anualmente un informe sobre el grado de cumplimiento del plan, las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos.
Especialistas
Durante el encuentro, el subsecretario de Servicios Públicos, Mariano Barrera; la directora de Espacios Verdes, Daniela Salcedo; y la ingeniera agrónoma responsable de operativos especiales, Emilce Barzola, explicaron los principales alcances de la nueva legislación.
Durante la exposición, los funcionarios destacaron la importancia de contar con mecanismos de respuesta más ágiles frente a situaciones que puedan representar un riesgo para la población.
«Si hay riesgo de vida, el municipio actúa en primera instancia», explicaron los funcionarios, al referirse a la necesidad de responder con rapidez ante ejemplares que puedan representar un peligro para las personas o los bienes.
Multas y Fondo Forestal
Otro de los aspectos analizados durante la reunión fue el régimen económico y sancionatorio vinculado al arbolado público.
La normativa establece un sistema de sanciones frente a intervenciones indebidas y daños al patrimonio forestal, con distintos niveles de infracciones y obligaciones destinadas a reparar o compensar los daños ocasionados, cuyo ingreso es para las arcas provinciales y no municipales.
Durante el encuentro, los funcionarios plantearon la conveniencia de analizar mecanismos que permitan que una mayor proporción de los recursos vinculados con las sanciones y el manejo del arbolado pueda traducirse en acciones concretas de conservación y reposición dentro de los municipios.
De esta manera, el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo busca avanzar en la adecuación de su normativa local a un nuevo esquema provincial que combina mayores competencias municipales, planificación a largo plazo, criterios técnicos comunes y herramientas de control, con el objetivo de preservar uno de los principales patrimonios naturales y ambientales de Mendoza.
