¿modernización o riesgo estructural para la vitivinicultura?
La desregulación vitivinícola vuelve a colocarse en el centro del debate justo cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aterriza nuevamente en Mendoza. Invitado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el funcionario presentará este viernes los detalles de la amplia reforma que modificó el esquema de controles tradicionales de la actividad madre de la provincia.
La cita será a las 14, en un encuentro que aún no tiene confirmados a todos sus participantes, pero que ya despierta inquietudes internas y externas. Es la segunda visita de Sturzenegger a Mendoza en pocos meses: la anterior fue en septiembre de 2024, durante la 45° Convención Anual del IAEF.
Una desregulación de alto impacto
En el centro de la discusión está el nuevo Digesto Normativo del INV: 973 normas derogadas o modificadas, un rediseño profundo del organismo y la eliminación de controles históricos sobre la cadena vitivinícola. Bajo el paraguas de la simplificación y la modernización, el organismo dejará de supervisar directamente etapas que durante décadas fueron pilares de la fiscalización estatal: el cultivo, la cosecha, la elaboración y el transporte.
A partir de ahora, el INV se enfocará exclusivamente en el producto final, delegando buena parte de los procesos intermedios al autocontrol del sector privado.
También se eliminaron las certificaciones obligatorias de origen, añada y varietal. Dejaron de ser requisitos exigibles por el Estado para transformarse en opciones voluntarias, que cada bodega podrá tramitar por cuenta propia o contratar privatizadamente.
Trazabilidad: en el corazón del riesgo
La trazabilidad es mucho más que un término técnico. Es la columna vertebral de la credibilidad de un vino. Garantiza que lo que se consume es lo que dice ser. Sin controles verificables en la cadena, la confianza se vuelve difusa y la reputación —especialmente en mercados internacionales— se debilita.
El nuevo esquema transforma controles presenciales en declaraciones juradas, verificaciones automáticas y fiscalización limitada. En otras palabras: el Estado deja de mirar de cerca, y confía en que cada actor se controle a sí mismo.
Ese punto tensa todo el sistema. Porque la trazabilidad es, precisamente, la diferencia entre el valor agregado de un producto con identidad territorial y la incertidumbre de un producto genérico.
Un sector que ya viene concentrándose
Mientras la desregulación avanza, la vitivinicultura atraviesa un proceso de concentración que preocupa. Los grandes grupos —exportadores, integrados, con espalda financiera— ocupan cada vez más espacio en el mercado. Los pequeños y medianos productores, que históricamente han sostenido la diversidad de la producción mendocina, son quienes más podrían perder en este nuevo escenario.
La historia reciente de desregulaciones en Argentina deja una huella clara: cuando el mercado se libera sin amortiguadores, sobreviven los grandes. Los chicos se achican o desaparecen.
La vitivinicultura, por su complejidad y su dependencia del territorio, no es la excepción.
La responsabilidad del control: un pilar no negociable
La idea de que “menos control es más libertad” puede resultar tentadora. Pero cuando se trata de alimentos —y en especial de un producto emblemático— la falta de control abre riesgos inevitables:
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afecta la seguridad alimentaria,
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debilita la protección al consumidor,
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expone a la provincia a escándalos sanitarios,
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compromete la competitividad internacional,
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y reduce la capacidad técnica del Estado para responder ante crisis.
Un solo episodio de adulteración o contaminación puede destruir la reputación construida durante décadas.
En vitivinicultura, la calidad no se declama: se certifica.
El INV: un escudo técnico y sanitario
Más allá de la regulación del vino, el INV cumple un rol técnico de enorme valor. Su tarea no se limita a degustaciones, controles analíticos o verificaciones de origen. También resguarda la seguridad pública en áreas sensibles, como la cadena de alcoholes. El reciente caso en Brasil —casi 30 personas fallecidas por alcohol metílico adulterado— es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando los controles no existen o son insuficientes.
El INV es una barrera sanitaria. Disminuir su capacidad operativa significa más vulnerabilidad para el consumidor y para toda la cadena productiva.
¿Desregulación o cambio de modelo productivo?
Algunos referentes del sector observan las medidas con suspicacia. Sostienen que no son decisiones aisladas, sino parte de un cambio de prioridades en la provincia: diversificar la matriz hacia actividades como la minería, con menor consenso social y mayor impacto ambiental.
Si se debilitan los controles vitivinícolas, si se afectan herramientas históricas de fiscalización, y si se desplaza la centralidad del sector madre, surge un interrogante inevitable:
¿Se abre la puerta a un cambio silencioso de modelo productivo?
Hoy no hay respuestas concluyentes. Pero sí señales que inquietan.
El desafío de Mendoza: proteger su identidad
Mendoza fue, es y debe seguir siendo tierra de vinos. No por nostalgia sino por estrategia. La vitivinicultura es cultura, economía, marca país y empleo. Y su fortaleza descansa en la confianza.
Desregular puede acelerar trámites, pero también puede erosionar certidumbres.
Con la visita de Sturzenegger, el debate se intensifica: ¿modernización o riesgo estructural? ¿Eficiencia o vulnerabilidad? ¿Confianza o improvisación? La discusión recién empieza. Y lo que está en juego no es solo un sector productivo. Es la identidad profunda de una provincia.
