Varios municipios lanzan planes para regularizar construcciones clandestinas. Cuentan con opciones de blanqueo que incluyen quitas de multas y facilidades de pago, buscando ordenar el crecimiento urbano y evitar riesgos estructurales.
Ante el crecimiento sostenido de construcciones sin habilitación en Mendoza, varios municipios han puesto en marcha planes especiales para de blanqueo que permitir la regularización de obras ejecutadas sin los permisos correspondientes.
Las iniciativas contemplan quitas de multas, facilidades de pago y exenciones impositivas, con el objetivo de formalizar edificaciones y garantizar condiciones de seguridad.
Según el Centro de Ingenieros de Mendoza, el 24% de los más de 21,6 millones de metros cuadrados construidos entre 2000 y 2024 en la provincia fueron realizados sin aval oficial.
Esto representa un serio problema en términos de seguridad, especialmente ante posibles eventos sísmicos, y expone a los propietarios a complicaciones legales en sucesiones o ventas.
Las propuestas en los municipios
Tupungato implementó un plan que permite regularizar construcciones sin abonar multas, siempre que se cumplan criterios de zonificación y ordenamiento territorial.
Las presentaciones deben incluir planos visados por profesionales, y los recargos solo aplican a metros excedentes según un esquema escalonado.
El régimen estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.
Las Heras lanzó el «Plan de Regularización de Construcciones No Declaradas o Clandestinas 2025», con quitas del 50% en recargos y sanciones.
Las viviendas de hasta 100 m² y los comercios o industrias de hasta 200 m² estarán completamente exentos de multas. Las presentaciones técnicas son obligatorias y se contemplan hasta 12 cuotas para ponerse al día.
En Luján de Cuyo, la modificación tarifaria realizada en 2024 implicó una reducción permanente de los recargos por obras no declaradas, pasando del 700% al 75% y del 300% al 50%, un cambio estructural respecto de la antigua moratoria.
General Alvear ofrece un esquema flexible: condona sanciones para obras de hasta 60 m² y aplica el beneficio sobre los primeros 60 metros en casos mayores.
Además, entidades sin fines de lucro y emprendimientos productivos pueden acceder a un descuento del 50% si cumplen con requisitos técnicos y ambientales.
En Guaymallén, eliminaron los recargos sobre aforos por relevamientos, equiparando los valores al costo de obra nueva, lo que significa un importante incentivo para quienes decidan declarar construcciones no registradas.
Maipú, por su parte, avanza en un proyecto de regularización que será enviado al Concejo Deliberante.
La propuesta contempla la exención de multas para quienes declaren construcciones cubiertas realizadas sin autorización previa.
Diagnóstico y advertencias
Daniel DiMaría, titular del Centro de Ingenieros de Mendoza, advirtió que «los únicos responsables de las construcciones clandestinas son los municipios, que tienen la potestad de controlar las obras desde que comienzan hasta que finalizan».
A su vez, desde estudios privados señalan que la burocracia municipal y las demoras en la aprobación de planos también empujan a los propietarios a construir en la informalidad, aun cuando cuentan con asesoramiento profesional.
Sin embargo, los especialistas advierten que un permiso posterior no garantiza la sismorresistencia de una obra ejecutada sin control técnico.
Por eso, los procesos de regularización deben contemplar estudios y certificaciones estructurales para salvaguardar la integridad de los ocupantes y vecinos.
Con info de Sitio Andino
