La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento territorial anunció la semana pasada, la paralización por un año de los proyectos inmobiliarios y cualquier construcción que esté en evaluación de impacto ambiental en el piedemonte. Este lunes el titular de la cartera, Humberto Mingorance, dialogó con Diario Uno y aclaró que la medida sólo afecta a aquellos emprendimientos que no estén autorizados.
Hay 25.000 viviendas en la zona intervenida por el Gobierno por riesgo aluvional, e incluye cuatro departamentos: Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.
El secretario de ambiente hizo hincapié en que hay proyectos inmobiliarios que pueden seguir desarrollándose y sus propietarios continuar construyendo porque cumplen con todas las normas de ley de loteo, de ley de piedemonte y han realizado todas las presentaciones como corresponde.
«He hablado con algunos desarrolladores que están autorizados y para ellos sigue todo normal. Tienen el estudio de impacto ambiental hecho y todas las presentaciones como corresponde. Deben quedarse tranquilos»
En la vereda opuesta están todos aquellos cuyo emprendimiento no está autorizado o es clandestino. Explicó que no son loteos sino fraccionamientos que no están avalados por el Estado.
Señaló que en muchos casos, sin saber, la gente compró un «pedazo de una fracción» pero no un lote con servicios como creía. Por lo que, luego se encontraron con que no estaba autorizado legalmente por el Estado.
«Lo que nos preocupa es que en muchos de los casos que no están autorizados hay riesgo de que un aluvión ponga en peligro la vida de las personas que allí viven»
Mingorance resaltó que los emprendimientos inmobiliarios clandestinos o no autorizados tendrán que regularizar su situación si es que el estudio de riesgo ambiental se los permite.
Dijo que de lo contrario no podrán continuar con el proyecto. Además explicó que si hay gente viviendo en el lugar, se los deberá trasladar a otro lado. El funcionario aclaró que «la reubicación de familias existe pero son pocos casos».
Fuente: Diario Uno
